Una compraventa inmobiliaria realizada en Tarapoto en 2019 volvió a ser investigada por el Ministerio Público, pese a que el caso había sido archivado definitivamente un año antes. La reapertura del proceso ha puesto nuevamente bajo escrutinio una operación formalizada ante notaría e inscrita en los registros públicos.
El expediente, identificado como N.° 01771-2024-0-2208-JR-PE-2, se encuentra actualmente en etapa de control de acusación en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tarapoto. Entre los investigados figuran el comprador del inmueble, el notario que autorizó la escritura pública y el registrador que inscribió la transferencia.
La compraventa se realizó el 18 de noviembre de 2019 sobre un inmueble inscrito en la partida registral N.° 05006807. El vendedor, Reyes García Díaz, figuraba como único titular registral y declaró ser soltero al momento de la operación.
En 2022, el propio vendedor denunció una presunta estafa. Tras la investigación fiscal, el caso fue archivado en 2023 luego de confirmarse la autenticidad de la firma, la presencia del vendedor en la notaría y la inexistencia de matrimonio o unión de hecho registrada con Narda Vela Rojas.
Nueva investigación
Pese al archivo, en 2024 se abrió una nueva carpeta fiscal por los mismos hechos, esta vez bajo la calificación de estafa agravada. La acusación sostiene que la conviviente del vendedor debió ser considerada propietaria del inmueble.
De acuerdo con la documentación registral y contractual, el predio fue adjudicado únicamente a Reyes García Díaz como bien propio, sin participación jurídica de la conviviente, quien no figura como titular ni firmante en los documentos de adjudicación ni en la compraventa.
Sistema notarial
El Colegio de Notarios de San Martín expresó su preocupación por el caso. Su decano, Dante Barrios, señaló que el notario actúa sobre la base de la información consignada en los registros públicos y en los documentos oficiales de identidad.
Indicó que no corresponde al notario investigar situaciones personales que no figuran en dichos registros, y advirtió que la judicialización de operaciones formalizadas conforme a ley afecta la seguridad jurídica del mercado inmobiliario.
El gremio notarial considera que este tipo de procesos puede generar desconfianza en inversionistas, bancos y compradores, especialmente en zonas de alto crecimiento inmobiliario como Tarapoto, donde el valor del suelo se ha incrementado por el impulso del turismo.
El caso continúa en evaluación judicial. Su resolución será observada por el sector inmobiliario, notarial y registral, debido al posible precedente que podría establecer sobre la estabilidad de las operaciones inmobiliarias en el país.