El suboficial del Ejército Ángel Navarro vive un calvario desde que se atrevió a denunciar las presuntas irregularidades que se habrían cometido en la entrega de alimentos e indumentaria para la tropa de la Compañía Especial de Comandos Pachacútec n31 de Sonomoro, ubicada en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
El militar fue destacado a la zona en el 2022 y fue testigo en primera persona de la mala calidad de los alimentos que le daban a los soldados encargados de patrullar el Vraem y apoyar en los operativos contra el narcotráfico. “A la tropa le daban pescado malogrado e incluso hubo tres hospitalizados por apendicitis por el arroz que nos daban”, contó a CARETAS.
La carpeta 74-2023 que obra en el Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en el distrito fiscal de la Selva Central, detalla los presuntos actos de corrupción que los militares encargados de la dependencia perteneciente a la 31 Brigada de Infantería -escenario del último “gasolinazo” del Ejército- habrían cometido.
Según este documento, el mayor EP Berto Ignacio Huamán Guerrero sería el responsable de que los útiles de aseo que les tenían que dar cada cuatro meses a los soldados, solo llegara una vez en agosto del 2022 y en envases más pequeños que los que correspondían. Pese a la irregularidad, se habría pretendido que los militares firmaran planillas que certificaban que todo estaba en regla.
Navarro dio cuenta a sus respectivos mandos, entre los que se encontraban el jefe de Unidad, Huamán Guerrero; el capitán EP Bejarano Coyotupac; el teniente EP Chirinos; los suboficiales EP Richard Meza Ríos, Focus Reymon Navarro y Tuesta; los coroneles EP Narro Gálvez y Rojas Berrogal; y el general de Brigada, Víctor Hugo Villacís Rojas. Pero las quejas cayeron en saco roto.
Es entonces que Navarro y los técnicos Reynoso Saavedra, Montero Jara y Zamudio presentan informes individualmente a sus jefes inmediatos, denunciando que no solo no les entregaban los útiles de aseo, sino que tampoco les daban el “2.0”, denominación que se da a una canasta con bebidas energizantes, chocolates, atún y otros productos.
Como respuesta, en enero del 2023 el coronel Rojas Berogal, jefe administrativo de la 31 Brigada de Infantería, acude a la base de Sonomoro a entregar los útiles de aseo y el “2.0” del mes, y a prometer que pronto les entregarían los implementos que les debían.
“Además, nos indicó el coronel que el mayor EP Huamán Guerrero habría cometido irregularidades al no entregarnos lo que nos correspondía”, consta en la carpeta fiscal.
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Pero estos no serían los únicos problemas en Sonomoro, ya que tampoco les habrían entregado el uniforme que tenían que darles trimestralmente, pese a estar presupuestado. Según Navarro, salvo la vez que les dieron un uniforme multicam, no apropiado para las labores en el Vraem, no han recibido nueva indumentaria.
No aceptar sin dudas ni murmuraciones estas condiciones, hizo que Navarro empezara a recibir información sobre posibles atentados contra su vida. Esto lo motiva a grabar un video en el que detalla las denuncias de presunta corrupción en Sonomoro y a entregar el material a su esposa para que lo publicara en caso de que le ocurriera algo. El audiovisual nunca se publicó, pero aún así, llegó a manos de la Inspectoría del Ejército y le abrieron un procedimiento disciplinario que terminó archivándose el 14 de abril del año pasado.
En el interín Navarro señala haber sido hostilizado al haber sido cambiado constantemente de bases. Este acto también sustentaría una orden de desalojo de un departamento que ocupa desde el 2021 en la Villa Militar de Chorrillos, pese a que le han descontado S/ 1926 desde octubre del 2023 a marzo de este año por vivir ahí. Sin embargo, en el Ejército no solo niegan el descuento, sino que incluso dicen que tiene deuda.
Debido a que la Inspectoría no derivó la denuncia a la Fiscalía o a la Contraloría, Navarro decidió hacer la denuncia contra el general Villacís, el mayor Huamán y los otros mandos de la 31 Brigada de Infantería. Actualmente, está en etapa de investigación preliminar. El fiscal a cargo, Percy Rojas, no quiso hacer comentarios para esta publicación.