Pueblos indígenas realizarán marcha contra la vulneración de sus derechos por parte del Congreso y el Ejecutivo

Expresarán su rechazo ante las medidas impulsadas por el Congreso y el Ejecutivo referentes a la aprobación de proyectos de ley que ponen en riesgo los derechos de la población, y en especial a los pueblos indígenas y la preservación de la Amazonía.

por Edgar Mandujano

Ante los constantes atropellos cometidos a nivel del Estado en contra de los pueblos indígenas, la Amazonía y los derechos humanos, las organizaciones indígenas de diferentes regiones del país, junto con diversos colectivos, activistas, artistas y estudiantes universitarios, realizarán este viernes 21 de junio una movilización masiva.

Se trata de la Marcha Nacional Pacífica contra la Destrucción de la Democracia, cuyo objetivo es denunciar públicamente la constante vulneración de los derechos humanos, el deterioro de la democracia y la inacción del Estado frente a la desprotección que sufren los pueblos indígenas ante las constantes amenazas a sus territorios en la Amazonía.

“Denunciaremos la continua vulneración de nuestros derechos y el deterioro de la democracia. Vamos a exigir una vez más la protección para nuestros defensores y defensoras indígenas. También expresaremos nuestro rechazo ante los más de 500 casos de violación sexual a escolares indígenas del pueblo Awajún por parte de docentes”, expresó Jorge Pérez, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

Asimismo, rechazó rotundamente las declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero, y de la ministra de la Mujer, Ángela Hernández, quienes calificaron como ‘prácticas culturales’  los abusos sexuales perpetrados contra las niñas y adolescentes indígenas.

“Reafirmamos nuestra defensa de la vida y de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres indígenas. Exigimos que el Estado aplique las sanciones más drásticas ante el abuso, el acoso y las violaciones cometidas. Rechazamos la estigmatización a los pueblos indígenas y el racismo estructural enquistado en el aparato estatal. Por ello, exigimos la inmediata renuncia de los dos ministros a sus cargos”, agregó el presidente de Aidesep.

En defensa de la democracia

Mediante esta movilización, las organizaciones indígenas y otros grupos de la sociedad civil expresarán también su rechazo ante las medidas impulsadas por el Congreso y el Ejecutivo referentes a la aprobación de proyectos de ley que ponen en riesgo los derechos de la población, y en especial a los pueblos indígenas y la preservación de la Amazonía.

“Alzaremos nuestras voces contra los paquetazos legales del Congreso y el Ejecutivo que vulneran los derechos fundamentales, destruyen la democracia y corrompen la institucionalidad. Tenemos al proyecto de ley mordaza ciudadana para modificar la ley N°. 27692 – Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que busca criminalizar a las organizaciones indígenas y de la sociedad civil que defienden los derechos humanos, los asesinatos impunes de los defensores y defensoras indígenas, entre otros atropellos contra los peruanos”, sostuvo Pérez.

La concentración se llevará a cabo este viernes 21 de junio a las 4:00 p. m., en el frontis del Palacio de Justicia, donde los participantes, colectivos de activistas, centros federados de las universidades y otros grupos ciudadanos se unirán para luego trasladarse por las calles del Centro de Lima, expresando su rechazo a las políticas que atentan contra la dignidad humana y el ambiente.

Más leyes contra peruanos

A la fecha han sido asesinados más de 32 defensores indígenas, por este motivo, las comunidades piden que se derogue la Ley Antiforestal, que promueve la degradación de la Amazonía y pone en riesgo a defensores y defensoras indígenas. Así como garantizar medidas efectivas para garantizar su protección.

Otras leyes que atentan contra los peruanos son: la ley que da amnistía a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad y atenta contra las familias de muchas víctimas; la ley a favor del crimen organizado que permite la expansión de  la minería informal contaminante, impide fiscalizar y promueve su impunidad; y las medidas que buscan desaparecer las reservas para la protección de los pueblos indígenas aislados y en contacto inicial (PIACI), con el propósito de promover actividades extractivas en sus territorios, entre otras.

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