El Estado peruano ejecuta solo una parte del presupuesto estatal destinado a la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, lo que limita su capacidad de respuesta en las primeras horas, consideradas clave para encontrarlas con vida. Esta baja ejecución de recursos públicos impacta directamente en la operatividad de las instituciones encargadas de la búsqueda y en la protección de quienes se encuentran en mayor riesgo de violencia, trata o feminicidio.
En este contexto, entre enero de 2023 y mayo de 2025 se registraron 45,073 denuncias por desaparición, de las cuales el 58% corresponde a mujeres. Las adolescentes de 12 a 17 años concentran casi la mitad de los casos, y solo el 52% de las personas reportadas fueron ubicadas, lo que evidencia una respuesta estatal deficiente.
Presupuesto estatal y baja ejecución de recursos
El Informe de Análisis de Presupuestos Públicos (2023–2025) evidencia que, si bien el Presupuesto General de la República creció 17.2%, este incremento no se tradujo en una mejora de la capacidad operativa del Estado.
Por el contrario, se observa una reducción en los recursos destinados a bienes y servicios, fundamentales para la logística, las intervenciones territoriales y las acciones de búsqueda e investigación. A ello se suma la ausencia de instrumentos adecuados, como un clasificador presupuestal específico, que permita conocer cuánto invierte realmente el Estado en esta problemática.
Este estudio forma parte de la campaña Búscalas, impulsada por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Amnistía Internacional, con el apoyo de la Unión Europea. Bajo la iniciativa “No estamos tod_s”, se busca fortalecer la prevención, la búsqueda y el acceso a la justicia, alertando que cada minuto sin recursos incrementa el riesgo para las víctimas.
Se necesita ejecución efectiva del presupuesto estatal
Liz Meléndez, directora ejecutiva del CMP Flora Tristán, señaló que la desaparición es una grave manifestación de violencia de género.
“No solo la falta de recursos limita la búsqueda, sino también los estereotipos como ‘se habrá ido con el enamorado’. Sin voluntad política para una ejecución efectiva del presupuesto estatal, las respuestas llegan tarde y el dolor de las familias se vuelve permanente”, afirmó.
Por su parte, Jennie Dador, directora de Amnistía Internacional Perú, advirtió que la inacción genera un mensaje de permisividad e impunidad.
“Si no hay respuesta adecuada, se transmite que las desapariciones pueden continuar sin consecuencias”, sostuvo.
Esta situación refleja problemas en la gestión de recursos públicos. El Programa de Seguridad Ciudadana, encargado de financiar la búsqueda policial, ejecutó apenas el 48.4% de su presupuesto, dejando sin usar más de la mitad de los recursos.
Sin este financiamiento real, herramientas como la Línea 114 pierden efectividad, dejando a las víctimas en una situación de alta vulnerabilidad en las horas más críticas.
Costos irreparables
Carlos Rodríguez, padre de Solsiret Rodríguez, relató el abandono institucional que enfrentan las familias.
“Recibimos el peor trato de la Policía y la Fiscalía. Las normas existen, pero no se cumplen. En el Perú, la víctima pierde sus derechos mientras el victimario los mantiene”, lamentó.
La campaña exige la creación urgente de un clasificador presupuestal específico que permita monitorear la calidad del gasto. Como cierre, se realizó una acción simbólica en memoria de las víctimas, recordando que una búsqueda tardía puede costar una vida.