Presidenta del Poder Judicial plantea al Congreso revisar leyes de extinción de dominio e imputabilidad a menores

Janet Tello Gilardi advierte que cambios normativos debilitan la lucha contra la criminalidad y generan contradicciones legales.

por Edgar Mandujano

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, instó a la Comisión de Presupuesto del Congreso a revisar urgentemente las recientes modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio y la reforma sobre el juzgamiento de adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves.

Tello criticó la reforma de la Ley de Extinción de Dominio, que exige sentencia penal firme para incautar bienes ilícitos, calificándola como “la destrucción del sistema”. Argumenta que debilita una herramienta fundamental que ha permitido recuperar más de 172 millones de dólares, con un 82.2% de sentencias no impugnadas.

“La persecución no es contra la persona, sino contra el bien de origen ilícito. No se vulnera el principio de inocencia”, señaló, añadiendo que el Poder Judicial está abierto a ajustes en la normativa si se identifican errores, pero rechazó las reformas que comprometen su eficacia.

En otro momento, la titular del Poder Judicial cuestionó también la ley que reduce la edad de imputabilidad penal, por considerar que entra en contradicción con la Ley N.º 32336, que sanciona con severidad a quienes captan menores para la comisión de delitos.

“Se castiga con mayor dureza a quienes captan adolescentes, pero al mismo tiempo se los considera imputables como adultos. Es un contrasentido que debe ser revisado”, afirmó.

Además de criticar las reformas, Tello Gilardi resaltó los avances del Poder Judicial en acceso a la justicia, como la Justicia Itinerante en zonas rurales y vulnerables y las unidades de flagrancia, consideradas un modelo regional.

La magistrada instó al Congreso a abordar los problemas presupuestales y la excesiva carga de trabajo que aquejan al sistema judicial. Señaló que el Poder Judicial comenzó 2025 con más de cuatro millones de procesos en trámite y dos millones en ejecución de sentencia, con el área penal como la más demandada.

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