Poderosa exige reevaluar estrategia gubernamental tras asesinato de 13 trabajadores en Pataz

La minera denuncia el fracaso del control estatal frente a la minería ilegal y pide intervención urgente en bocaminas ilegales.

por Edgar Mandujano

La madrugada del domingo 4 de mayo, la Policía Nacional confirmó el hallazgo de los cuerpos sin vida de los trece trabajadores secuestrados en Pataz, región La Libertad, durante un ataque perpetrado por mineros ilegales vinculados a bandas criminales. El equipo de rescate logró ubicar los cadáveres tras intensas labores de búsqueda, lo que pone fin a una operación que había conmocionado al país y deja al descubierto la creciente inseguridad en esta zona minera.

La minera Poderosa lamentó el asesinato de los trabajadores, expresando su solidaridad con las familias y denunciando que estos crímenes se suman a un patrón de violencia recurrente en la región, donde grupos delictivos han asesinado a 39 personas, entre trabajadores, mineros artesanales y colaboradores, en los últimos años. La empresa mantenía un vínculo contractual con el minero artesanal afectado.

El ataque ocurrió el sábado 26 de abril, cuando sujetos armados tomaron por asalto una operación minera en proceso de formalización, secuestrando a los trabajadores que hoy han sido encontrados sin vida. El mismo día, se reportó otra incursión violenta en Alacoto, también en Pataz, donde delincuentes habrían tomado instalaciones de una planta formal, dejando en evidencia el colapso del control estatal en la zona.

A pesar del estado de emergencia y el despliegue policial, la violencia se intensifica. Poderosa instó al Gobierno a replantear su estrategia de seguridad, exigiendo inteligencia más eficaz y coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial, además de acciones inmediatas como la intervención de las bocaminas ilegales, cuya ubicación, afirman, está totalmente georreferenciada.

La empresa culpó al Ministerio de Energía y Minas por ignorar las solicitudes de exclusión de mineros informales en sus concesiones, y al Congreso por extender continuamente el REINFO, al que acusa de encubrir la minería ilegal. El crimen en Pataz expone no solo una crisis de seguridad, sino también el fracaso de las políticas públicas para combatir la mayor economía ilícita del país.

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