El Poder Judicial reafirmó su compromiso de garantizar que las personas migrantes y refugiadas encuentren en el sistema de justicia peruano “una puerta abierta y no un muro”, en especial cuando se trata de niños, niñas, adolescentes, mujeres víctimas de violencia, adultos mayores y personas afectadas por delitos como la trata de personas. Así lo sostuvo la jueza suprema Elvira Álvarez Olazábal durante la inauguración del IV Congreso Internacional y Nacional sobre Estándares para el Acceso a la Justicia de Población Refugiada, Migrante y otras Personas con Necesidad de Protección.
La magistrada participó en representación de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, y subrayó que detrás de cada expediente judicial que involucra a una persona migrante existe una historia marcada por el desarraigo, el riesgo y la vulnerabilidad, pero también por la expectativa legítima de recibir un trato digno y una respuesta efectiva del Estado.
“El acceso a la justicia no puede depender de la nacionalidad ni de la situación migratoria. Nuestra obligación es garantizar que quienes han sido forzados a desplazarse encuentren protección, escucha y una respuesta humana desde el sistema judicial”, remarcó Álvarez Olazábal.
Un enfoque humano en el acceso a la justicia
Durante su intervención, la jueza suprema destacó que el congreso tiene como finalidad fortalecer la protección internacional de la población refugiada, migrante y de otras personas con necesidades específicas de protección, en un contexto regional marcado por el aumento sostenido de los flujos migratorios.
“Este es un espacio con sentido profundamente humano, orientado a consolidar el acceso a la justicia como un derecho fundamental, especialmente para quienes atraviesan uno de los procesos más difíciles que puede vivir una persona: el desplazamiento forzado”, señaló.
Álvarez Olazábal enfatizó que no puede existir una justicia efectiva si no se reconoce el contexto social, económico y emocional de las personas migrantes. En ese sentido, sostuvo que las vulnerabilidades no suelen presentarse de manera aislada, sino que se superponen, afectando de forma más severa a determinados grupos, como mujeres, menores de edad y víctimas de violencia o explotación.
Perú, uno de los principales países de acogida
El congreso también sirvió para poner en contexto la magnitud del desafío que enfrenta el país. El Perú es el segundo país de la región que acoge al mayor número de personas migrantes provenientes de Venezuela, solo por detrás de Colombia. Actualmente, se estima que alrededor de 1 millón 700 mil ciudadanos venezolanos residen en territorio peruano.
Este escenario ha generado importantes retos para las instituciones del Estado, especialmente en ámbitos como salud, educación, trabajo y, de manera particular, el sistema de justicia, que debe responder a casos complejos donde confluyen barreras idiomáticas, desconocimiento de derechos, miedo a la deportación y situaciones de extrema vulnerabilidad.
En este contexto, la magistrada destacó la importancia de generar espacios de reflexión académica y técnica que permitan a jueces, fiscales y operadores de justicia fortalecer sus capacidades frente a esta realidad cambiante.
Trata de personas y esclavitud moderna
Uno de los temas centrales abordados en el congreso fue la trata de personas, delito que afecta de manera desproporcionada a la población migrante y que fue calificado como una forma de esclavitud moderna. Durante el certamen, el juez supremo Iván Guerrero López alertó que en el Perú 497 mil personas se reconocen como víctimas de trata, una cifra que calificó de alarmante.
“Esta cifra demuestra que la trata de personas es mucho más común de lo que suele percibirse”, afirmó durante su exposición titulada Acceso a la justicia para personas refugiadas y migrantes víctimas de trata de personas: barreras y estándares internacionales de protección.
Guerrero López explicó que este delito implica la captación, transporte, traslado o retención de personas en contra de su voluntad con fines de explotación, y que solo el 20 % de la población peruana conoce la definición legal de la trata, lo que dificulta su identificación y denuncia.
Asimismo, detalló que las redes criminales suelen aprovecharse de situaciones de vulnerabilidad mediante engaños, como falsas ofertas de empleo, promesas de becas o trabajos en el extranjero, así como a través de la coacción, amenazas, violencia y abuso.
Migración forzada, un fenómeno global en expansión
Desde una perspectiva internacional, Mariana Mendiola Hidalgo, oficial asociada de Protección de ACNUR Perú, advirtió que el número de personas migrantes y refugiadas en el mundo ha crecido de manera sostenida en las últimas tres décadas. Solo en 2024, se registraron más de 123 millones de personas desplazadas por la fuerza a nivel global.
Esta cifra incluye a personas que huyeron de sus países por persecución, conflictos armados, violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o situaciones que alteraron gravemente el orden público. Según ACNUR, Venezuela lidera actualmente la lista de países con mayor número de personas refugiadas, seguida por Siria, Afganistán y Ucrania.
A diferencia de estos últimos, afectados directamente por conflictos bélicos, el caso venezolano responde a una crisis política, económica y social prolongada, que ha impulsado uno de los mayores desplazamientos humanos de la historia reciente en la región.
El rol de ACNUR y el sistema judicial peruano
El trabajo de ACNUR en el Perú se concentra en zonas donde existe una alta presencia o tránsito de personas refugiadas y migrantes, como Lima Metropolitana, las regiones fronterizas de Tumbes y Tacna, así como Ica, Arequipa y Madre de Dios, esta última en la frontera con Brasil y Bolivia.
Según datos de esta agencia de Naciones Unidas, Lima es la ciudad fuera de Venezuela con mayor número de ciudadanos venezolanos, superando el millón de personas. Además, el Perú se ha convertido en el tercer país del mundo con más solicitantes de la condición de refugiado, con más de 548 mil solicitudes registradas hasta junio de 2025.
En ese contexto, el Poder Judicial reafirmó que continuará articulando esfuerzos con organismos internacionales, entidades del Estado y la sociedad civil para garantizar que el acceso a la justicia de la población migrante y refugiada no sea una declaración formal, sino una práctica efectiva basada en estándares internacionales y en el respeto irrestricto de los derechos humanos.