La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dejó al voto su posición sobre un recurso de apelación que presentaron las procuradurías de los ministerios del Interior y de Defensa, así como la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para lograr que se revoque el mandato judicial de entregar los planes operativos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ejecutaron durante la represión a las protestas contra la presidenta Dina Boluarte a fines del 2022 e inicios del 2023.
En el desarrollo de la audiencia, el fiscal Luis Felipe Zapata, consideró que el pedido del Poder Ejecutivo no debería ser atendido debido a que, si la información requerida se considera “reservada”, se afectaría el derecho a la justicia y la verdad que asiste a las víctimas y a los deudos de los 50 fallecidos.
Sin embargo, el representante del Ministerio Público informó que la información sobre el plan “Restauración Nacional” que aplicó el Ejército para la contención de las manifestaciones antigubernamentales ya fue entregada.
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Luego de presidir la audiencia, el presidente del tribunal, César San Martín Castro señaló que la resolución correspondiente con la decisión judicial será emitida en el más breve plazo.
36 investigados por las muertes en Ayacucho
Como se sabe, la fiscal Mirela Coronel del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip) formalizó la investigación contra 36 presuntos involucrados en la muerte de 10 civiles durante las protestas del 10 de diciembre del 2022.
Entre los investigados están el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de División EP, Manuel Gómez de la Torre Araníbar, el jefe del Estado Mayor Operativo de la Segunda Brigada de Infantería de Ayacucho, coronel EP, Luis Vivanco Palomino, el teniente EP, Jhonatan Ochoa Ramos, el general de la Policía Antero Mejía Escajadillo, entre otros.