La Procuraduría General del Estado solicitó, este viernes 16 de febrero, el inicio de diligencias preliminares ante la Fiscalía de la Nación, a efectos de investigar a altos funcionarios públicos, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de cohecho pasivo propio y cohecho activo genérico en agravio del Estado y sus instituciones.
La petición ha pedido del procurador general del Estado, Javier Pacheco Palacios, sustentada en el ordenamiento vigente, sostiene que la ex fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, y el Congresista José María Balcázar Zelada, habrían participado en intercambios ilícitos de favores y decisiones judiciales.
Los hechos en cuestión revelan presuntas negociaciones de votos y promesas de cargos judiciales a cambio de beneficios particulares, lo que supone una violación de los principios legales que rigen la función pública. En el marco de esta solicitud, se han presentado elementos de convicción —incluyendo testimonios y documentos oficiales— que buscan sustentar las acusaciones y promover una investigación de los hechos.
Asimismo, se informa que con fecha 15 de febrero de 2024, el despacho del procurador general remitió el Memorándum Nº 0038-2024-JUS/PGE-PG a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, para que se evalúen los hechos vinculados a la carpeta 1228-2023 y se analicen acciones contra los funcionarios no aforados, dado que se encuentran en el marco de su competencia.
