El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, afirmó que el suboficial Luis Magallanes —investigado por la muerte del rapero Eduardo Ruiz durante las protestas de la llamada Generación Z— podría regresar a sus funciones en los próximos días, una vez concluya el periodo de detención preliminar ordenado por el Poder Judicial.
El jefe policial expresó su respaldo público al agente, asegurando que se trata de “un héroe que ha defendido la democracia” y que su accionar no constituye un delito doloso. “No hay voluntad criminal. Lo que se aprecia es un acto culposo, sin dolo, sin intención de causar la muerte”, declaró Arriola ante la prensa.
“Un héroe que defendió la gobernabilidad”
El alto mando de la PNP fue enfático en señalar que el agente actuó en un contexto de violencia extrema. “Luis Magallanes ha defendido la democracia, ha defendido la gobernabilidad, enfrentando manifestaciones donde hubo 89 policías heridos. Es un héroe viviente y cuenta con todo mi respaldo”, remarcó.
Las declaraciones de Arriola marcan un giro respecto a su pronunciamiento anterior, cuando él mismo identificó a Magallanes como el autor del disparo que causó la muerte del joven artista. Esta vez, el comandante general sostuvo que la pericia balística confirma que el proyectil fue dirigido al suelo y que el resultado mortal habría sido un accidente.
Detención preliminar y proceso judicial
El Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria dictó la madrugada del sábado 18 de octubre siete días de detención preliminar contra el suboficial Magallanes, medida que vence este jueves 24. El efectivo es investigado por la muerte de Eduardo Ruiz, conocido como “Truco”, ocurrida durante los enfrentamientos registrados en el Centro de Lima, en inmediaciones de la Plaza Francia.
Durante la audiencia, Magallanes declaró que actuó en defensa propia, luego de ser identificado por manifestantes como parte del Grupo Terna. Según su versión, fue agredido y acorralado por una turba, por lo que respondió con su arma reglamentaria en un intento de disuasión.
Contexto de las protestas y reacción institucional
El caso ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza policial durante las manifestaciones y el nivel de respaldo institucional hacia los agentes en operativos de control del orden público. Diversos sectores de la sociedad civil y organismos de derechos humanos han pedido una investigación exhaustiva e independiente.
Sin embargo, desde la PNP se ha buscado resaltar la complejidad del contexto en el que ocurrieron los hechos. Las protestas de la llamada Generación Z, realizadas en octubre, derivaron en fuertes enfrentamientos con la policía y dejaron decenas de heridos entre civiles y agentes del orden.
Próximos pasos
Con la medida judicial próxima a cumplirse, Arriola anticipó que Magallanes podría reincorporarse a sus funciones en los próximos días, aunque el proceso legal continuará. “Esperamos que se haga justicia, y confiamos en que los resultados de las pericias confirmen su inocencia”, dijo el jefe policial, reiterando su respaldo al efectivo.
El futuro judicial del suboficial dependerá de la evaluación del Ministerio Público, que deberá decidir si solicita prisión preventiva o archiva el caso por considerar que se trató de un acto culposo sin intención criminal.
Mientras tanto, el pronunciamiento de Arriola refuerza la postura institucional de la PNP ante un caso que combina tensiones políticas, reclamos sociales y la imagen de la fuerza policial frente a la opinión pública.