La inseguridad ciudadana sigue en el centro del debate nacional. El general Óscar Arriola, recientemente designado como comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), ofreció su primera gran radiografía de la situación del país y lanzó una advertencia: la violencia criminal no solo responde a bandas locales, sino también a dinámicas asociadas al fenómeno migratorio y al reclutamiento de adolescentes vulnerables.
En una entrevista radial, el alto mando recordó que el Perú ya ha atravesado momentos críticos en el pasado —como la lucha contra el terrorismo y la ola de delincuencia de los años noventa—, pero afirmó que la coyuntura actual es distinta por la complejidad del crimen organizado transnacional y la facilidad con la que se infiltra en los sectores más débiles de la sociedad.
¿Cómo impacta la migración en la inseguridad del país?
El general Arriola subrayó que la llegada masiva de extranjeros en los últimos años ha coincidido con el aumento de delitos violentos en las principales ciudades del país. “Existen dinámicas criminales que han venido junto con este fenómeno migratorio”, señaló, en alusión a bandas internacionales que encontraron terreno fértil en Lima, Callao y regiones de frontera.
Aunque evitó estigmatizar a la población migrante en general, advirtió que organizaciones extranjeras se han mezclado con mafias locales para fortalecer actividades como la extorsión, sicariato y tráfico ilícito de drogas. La PNP, dijo, trabaja en coordinación con agencias internacionales para rastrear estas conexiones, pero reconoció que se trata de una lucha desigual frente a la velocidad con la que se adaptan estas redes.
Jóvenes en la mira del crimen organizado
Otro de los puntos críticos que planteó Arriola es el uso de menores de edad como ejecutores de delitos. Según sus declaraciones, adolescentes entre 15 y 17 años son reclutados por cabecillas de mafias que les pagan pequeñas sumas para llevar a cabo asesinatos, extorsiones y amenazas armadas.
“Los delincuentes saben que la ley ofrece beneficios especiales a los menores, por eso los utilizan como sicarios o cobradores de cupos. Estamos viendo cómo muchachos en plena etapa escolar terminan atrapados en una espiral de violencia”, advirtió.
El fenómeno, agregó, está ligado a la falta de oportunidades y a la vulnerabilidad social y económica que sufren miles de familias en los barrios periféricos de Lima y otras ciudades. El resultado es un círculo vicioso en el que la juventud se convierte en carne de cañón para mafias con gran capacidad de organización.
¿Choque institucional con el Poder Judicial?
El nuevo jefe policial también dejó entrever posibles tensiones con el sistema de justicia. Anunció que solicitará una reunión con la presidenta del Poder Judicial, a través del ministro del Interior, para discutir la manera en que se procesan los casos de criminalidad.
“Antes de dar mayores detalles, corresponde un diálogo institucional”, afirmó, pero su declaración fue interpretada como un reclamo velado sobre decisiones judiciales que, a juicio de la Policía, debilitan la lucha contra las mafias.
Analistas advierten que, de confirmarse esta discrepancia, podría abrirse un frente delicado: la falta de coordinación entre Policía, Fiscalía y Poder Judicial en un momento en el que la ciudadanía exige resultados inmediatos frente a la ola de violencia.
Transportistas exigen una estrategia conjunta
Uno de los sectores más golpeados por la inseguridad es el de los transportistas, víctimas frecuentes de asaltos, extorsiones y ataques armados. Sus representantes exigieron la creación de un equipo de élite que integre a la Policía, la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial para enfrentar el problema de manera articulada.
“Si cada institución actúa por su cuenta, los delincuentes siempre tendrán la ventaja. Necesitamos un frente común contra las mafias que nos extorsionan a diario”, expresó un dirigente gremial tras conocer las declaraciones del general Arriola.
¿Qué viene ahora?
La ciudadanía espera que las advertencias del nuevo jefe de la PNP se traduzcan en acciones concretas y no en diagnósticos repetidos. El reto es mayúsculo: enfrentar un crimen organizado que cruza fronteras, proteger a jóvenes en riesgo de ser captados por mafias y garantizar que las instituciones del Estado trabajen de manera coordinada.
El dilema, en el fondo, es si el Perú logrará articular una estrategia sólida que combine prevención, inteligencia y justicia o si seguirá atrapado en un círculo donde el crimen avanza más rápido que las respuestas oficiales.