En un intento por reformar el programa de alimentación escolar y alejarlo de los escándalos de corrupción que lo han rodeado en los últimos años, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció que el modelo de compras directas a proveedores será eliminado en 2025. La ministra Leslie Urteaga detalló que el esquema tradicional será reemplazado por nuevas modalidades, incluyendo la subvención económica y la participación de comités de gestión integrados por madres de familia.
El anuncio llega tras una serie de denuncias de irregularidades en el programa anteriormente conocido como Qali Warma, que incluyeron favoritismos en las adjudicaciones y la distribución de alimentos en mal estado. El caso más grave fue el de Nilo Burga, un proveedor que murió en circunstancias aún no esclarecidas, en un hecho que sigue envuelto en dudas sobre si se trató de un suicidio o un asesinato.
Según Urteaga, la nueva modalidad ya se aplica en 35 colegios de Ayacucho, Cusco y Piura, beneficiando a más de 10,000 escolares. Además, la gestión de los recursos estará supervisada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Midis, lo que busca garantizar transparencia y eficiencia.
Si bien la propuesta promete mayor control ciudadano y descentralización, expertos advierten que la supervisión será clave para evitar que el nuevo modelo reproduzca las mismas prácticas de corrupción que se busca erradicar. El cambio de modelo no es suficiente si no se refuerzan los mecanismos de fiscalización y sanciones.
El programa, ahora denominado Wasi Mikuna, atiende a más de 4.2 millones de escolares en todo el país y, según la ministra, implementará también otras modalidades adaptadas a la infraestructura y características de cada región. Además, el Midis ha habilitado la línea gratuita 0800 20 600 para que la ciudadanía pueda presentar denuncias y reclamos sobre el servicio.
Con el cambio de modelo, el gobierno busca dar un golpe de timón a un programa esencial para la nutrición infantil, pero cuya credibilidad ha estado en entredicho por los escándalos pasados. La efectividad de esta reforma dependerá de su ejecución y de la voluntad política para garantizar una gestión libre de irregularidades.
