La muerte de cinco civiles durante un operativo militar en el Vraem ha desatado una investigación fiscal que apunta a esclarecer si hubo un uso excesivo de la fuerza. La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín ejecuta diligencias urgentes en el distrito de Colcabamba, en Huancavelica, donde ocurrieron los hechos el pasado 25 de abril.
El caso involucra a ocho militares, quienes inicialmente fueron detenidos, pero luego quedaron en libertad mientras continúan las investigaciones. La decisión ha generado cuestionamientos por parte de familiares de las víctimas y sus representantes legales.
Diligencias clave y aplicación del Protocolo de Minnesota
Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público viene recabando información relevante en la zona de Campo Armiño, donde se habría producido la intervención militar.
Entre las acciones destacan la revisión de registros de ingreso y salida de vehículos, el análisis de imágenes de videovigilancia y la recopilación de testimonios.
Además, se dispuso la aplicación del Protocolo de Minnesota, un estándar internacional que permite determinar si hubo ejecuciones extrajudiciales o uso desproporcionado de la fuerza.
¿Por qué es clave este protocolo? Porque busca establecer con rigor técnico si las muertes se produjeron dentro del marco legal o si existieron violaciones a los derechos humanos.
Militares liberados mientras continúa la investigación
Tras cumplir un periodo de detención preliminar de 48 horas, la Fiscalía decidió no ampliar la medida contra los implicados, quienes ahora afrontarán el proceso en libertad.
Entre los investigados figuran Luis Montenegro, Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdoba.
Esta decisión ha sido cuestionada por la defensa de las víctimas. El abogado Anthony Crespo denunció que la liberación fue comunicada de manera informal, lo que considera una irregularidad.
Versiones contradictorias sobre lo ocurrido
El caso ha puesto en evidencia versiones opuestas sobre el operativo.
Por un lado, fuentes militares sostienen que se trató de una intervención en respuesta a un presunto ataque vinculado a actividades ilícitas en la zona del Vraem.
Sin embargo, testimonios recogidos en el lugar y pericias preliminares apuntan a que no habría existido un enfrentamiento. Según estas versiones, los ocupantes del vehículo —quienes no estaban armados— habrían sido atacados directamente.
¿Qué ocurrió realmente en la carretera Colcabamba-Ayacucho? Esa es la pregunta central que busca responder la investigación fiscal.
Víctimas serían agricultores y jóvenes deportistas
De acuerdo con familiares y testimonios locales, las víctimas eran agricultores y jóvenes que se dirigían a participar en un campeonato de fútbol vinculado a la Copa Perú.
Al menos tres de ellos habrían sido futbolistas, lo que ha incrementado la indignación en la comunidad.
Un sobreviviente relató que logró escapar tras lanzarse del vehículo cuando comenzaron los disparos, lo que refuerza la hipótesis de un ataque directo.
Elementos en investigación y peritajes
La Fiscalía ha ordenado una serie de diligencias técnicas para esclarecer los hechos.
Entre ellas se incluyen pericias balísticas, pruebas de absorción atómica para detectar uso de armas de fuego, e incautación de celulares y del vehículo afectado.
Estos elementos serán determinantes para reconstruir lo ocurrido y establecer responsabilidades.
Pronunciamientos y nuevas interrogantes
El caso también ha generado reacciones en el ámbito político. El congresista Roberto Sánchez solicitó explicaciones al Ministerio de Defensa ante las contradicciones en la versión oficial.
Entre sus cuestionamientos destaca la falta de evidencia de armas en poder de las víctimas, lo que debilita la hipótesis de un enfrentamiento.
Además, se ha pedido información sobre posibles sanciones, medidas preventivas y reparaciones para los familiares.
Investigación en curso y presión social
Mientras avanzan las diligencias, la presión social crece en la zona. Pobladores han realizado protestas exigiendo justicia para las víctimas.
El caso no solo pone en debate el accionar de las fuerzas del orden en zonas de alta conflictividad como el Vraem, sino también los mecanismos de control frente a posibles excesos.
La pregunta sigue abierta: ¿se trató de un operativo legítimo o de un uso desproporcionado de la fuerza?
La respuesta dependerá de los resultados de una investigación que ya es clave para esclarecer uno de los hechos más graves registrados recientemente en la zona.