Un suboficial de la Policía Nacional fue sentenciado a cinco años de prisión por haber solicitado una coima a un ciudadano durante un control de identidad en la región Moquegua. El caso llamó la atención porque el pago exigido —S/50— debía realizarse mediante el aplicativo Yape, utilizando una cuenta a nombre de la madre del agente.
Condena por corrupción
La sentencia fue emitida por el Segundo Juzgado Unipersonal de Mariscal Nieto, que halló responsable al efectivo Ítalo Gutiérrez Ramos del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, según informó la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua.
Coima para no llevar al ciudadano a la comisaría
De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron en octubre de 2022, cuando un ciudadano que no portaba su Documento Nacional de Identidad fue intervenido durante un operativo de control realizado en las inmediaciones del estadio 25 de Noviembre, en Moquegua. En ese contexto, el suboficial le habría solicitado dinero a cambio de no conducirlo a la dependencia policial.
Pago se pidió usando una cuenta a nombre de su madre
La fiscal adjunta provincial Kristel Cruz Idme precisó que el agente pidió el monto mediante el aplicativo Yape, pero utilizando una cuenta que no estaba a su nombre. “El efectivo policial, en ejercicio de sus funciones, solicitó el dinero vía aplicativo móvil a nombre de su madre, configurándose así el delito de cohecho pasivo propio”, explicó.
Policía fue inhabilitado
Además de la pena privativa de la libertad, el juzgado dispuso la inhabilitación del sentenciado para ejercer funciones públicas y el pago de una reparación civil a favor del Estado. Sin embargo, la condena fue convertida en 271 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, por lo que el agente no será internado en un establecimiento penitenciario, salvo incumplimiento.
El acusado aceptó los cargos
El Ministerio Público informó que Ítalo Gutiérrez aceptó los cargos imputados y se acogió a la conclusión anticipada del juicio oral, lo que permitió dar por concluido el proceso. La sentencia ordena que el condenado se presente ante el INPE, bajo apercibimiento de revocar la conversión de la pena.