En el marco de la política de lucha frontal contra la criminalidad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) reportó que, durante el año 2025, se completó el traslado de 2,793 internos en todo el territorio nacional. Estas operaciones, ejecutadas por el INPE, tuvieron como objetivo principal neutralizar riesgos de ingobernabilidad y desarticular posibles redes delictivas que operan desde el interior de los centros de reclusión.
De la cifra total, 707 traslados se realizaron estrictamente por razones de seguridad penitenciaria. Estas acciones se concentraron en internos que intentaron alterar el orden, siendo las regiones de Lima y el Norte las que registraron el mayor movimiento de reos de este perfil. Los penales que recibieron a los sujetos de más alta peligrosidad fueron Cochamarca (Pasco), Cajamarca, Ancón I (Lima), Cusco y Puno.
Reordenamiento y prevención
El informe ministerial detalla que la mayoría de las movilizaciones, un total de 1,746 traslados, respondieron a medidas de reordenamiento penitenciario. Esta estrategia preventiva busca una mejor administración de la población penal y evitar el hacinamiento crítico en sectores específicos. Bajo esta modalidad, los establecimientos de Puno, Cusco y el penal Virgen de Fátima en Chorrillos fueron los que captaron la mayor cantidad de reclusos.
Además de los criterios de seguridad y orden, el sistema registró movimientos por tratamiento penitenciario (118), salud (103), mandatos judiciales (52) y razones de unidad familiar (17), asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y el respeto a los derechos fundamentales de los internos.
Recuperación del principio de autoridad
El ministro de Justicia, Walter Martínez Laura, enfatizó que estos operativos son piezas clave para la seguridad ciudadana. “No vamos a permitir que los penales se conviertan en centros de planificación criminal. El traslado estratégico nos permite neutralizar riesgos y prevenir actos delictivos desde las cárceles”, sentenció el titular del sector.
Finalmente, el Minjusdh reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo las capacidades del INPE para garantizar que el Estado mantenga el control absoluto de los recintos. La división regional del sistema (Lima, Norte, Centro, Sur, Nor Oriente, Oriente, Sur Oriente y Altiplano) continuará bajo constante evaluación para determinar nuevos desplazamientos según el comportamiento de la población penal en este 2026.