El Ministerio del Interior (Mininter) presidió la Primera Sesión Ordinaria 2026 de la Comisión Multisectorial contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, espacio en el que se aprobaron una serie de acuerdos orientados a reforzar la respuesta del Estado frente a estos delitos que afectan de manera grave a poblaciones vulnerables en todo el país.
Durante la sesión se definieron medidas clave para fortalecer la prevención, optimizar la investigación penal y mejorar los mecanismos de protección y atención a las víctimas, en un contexto en el que las cifras oficiales evidencian una persistente incidencia de estos delitos, especialmente contra mujeres y adolescentes.
Acuerdos centrales para el periodo 2026
Entre los principales acuerdos adoptados destaca la actualización de la Guía Operativa para la Investigación del Delito de Trata de Personas, herramienta fundamental para estandarizar criterios de actuación de las autoridades y mejorar la eficacia de las intervenciones fiscales y policiales.
Asimismo, la Comisión acordó dar continuidad al seguimiento de la Política Nacional contra la Trata de Personas al 2030, garantizando que las acciones de los distintos sectores se mantengan alineadas a los objetivos estratégicos definidos por el Estado. A ello se suma el impulso del Plan de Trabajo 2026, que establece acciones concretas, plazos y responsabilidades para cada una de las entidades que integran la Comisión Multisectorial.
Compromiso político e institucional del Mininter
La sesión contó con la participación de la directora general de Seguridad Democrática del Mininter, Kelia Garrido, quien transmitió el saludo del ministro del Interior, Hugo Begazo, y reafirmó el compromiso del sector con una política sostenida contra estos delitos.
“La lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes nos convoca como país y nos exige una respuesta firme, coordinada y sostenida. Ninguna entidad, por sí sola, puede enfrentar con eficacia estos delitos; es la acción conjunta y articulada la que nos permite avanzar con resultados concretos”, señaló la funcionaria durante la jornada de trabajo.
Desde el Mininter se remarcó que el enfoque multisectorial es clave para enfrentar redes criminales que operan de manera compleja y transnacional, aprovechando brechas sociales, económicas y territoriales.
Resultados y balance del 2025
En el balance presentado durante la sesión, se informó que en 2025 la Comisión Multisectorial fortaleció la articulación interinstitucional, incrementó los operativos conjuntos y dio seguimiento a la implementación de la Política Nacional. Entre enero y noviembre del último año se ejecutaron 217 operativos contra la trata de personas en distintas regiones del país.
Las cifras acumuladas muestran la dimensión del problema: entre 2017 y septiembre de 2025 se registraron 5,142 denuncias por trata de personas, de las cuales el 87.4 % corresponde a víctimas mujeres. Solo entre enero y septiembre de 2025 se reportaron 384 denuncias, con un 96.6 % de víctimas mujeres, lo que confirma el impacto desproporcionado de este delito sobre la población femenina.
Enfoque en víctimas y prevención
Las autoridades coincidieron en que, además de la persecución penal, es indispensable reforzar las acciones de prevención, detección temprana y atención integral a las víctimas. En ese marco, la Comisión Multisectorial continuará promoviendo campañas de información, capacitación a operadores del sistema de justicia y fortalecimiento de los servicios de protección.
El Mininter destacó que estas acciones buscan no solo combatir a las organizaciones criminales, sino también romper los ciclos de vulnerabilidad que facilitan la captación y explotación de personas.
Coordinación permanente y mirada al 2030
La Comisión Multisectorial, presidida por el Viceministerio de Seguridad Pública e integrada por entidades del Ejecutivo, el sistema de justicia y organizaciones de la sociedad civil, mantendrá un esquema de coordinación y seguimiento permanente durante el 2026.
Con estos acuerdos, el Estado peruano busca consolidar una respuesta más eficaz y sostenida frente a la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, reafirmando que la lucha contra estos delitos es una prioridad nacional y un compromiso de largo plazo hacia el 2030.