El Ministerio de Energía y Minas (Minem) confirmó la renuncia de Máximo Rodolfo Gallo Quintana, quien hasta el 5 de septiembre de 2025 se desempeñaba como Director General de la Dirección General de Formalización Minera. Su salida se oficializó mediante la Resolución Ministerial N.° 017-2025-MINEM/DM y ocurre en un contexto crítico marcado por el avance de la minería ilegal y los cuestionamientos a la efectividad del Estado para controlar esta actividad en el país.
Un puesto clave en tiempos de crisis
La Dirección General de Formalización Minera es una de las dependencias más estratégicas del Minem, pues tiene a su cargo la regularización de miles de pequeños mineros y la supervisión de procesos destinados a integrar actividades extractivas a la economía formal.
La renuncia de Gallo Quintana llega en medio de un contexto donde la minería ilegal ha incrementado su alcance, generando impactos ambientales, sociales y económicos sin precedentes. Según cifras del propio Minem, más de 40.000 mineros informales aún no han culminado su proceso de formalización, mientras que las redes criminales continúan beneficiándose del vacío estatal.
¿Qué motivó la renuncia?
Si bien la resolución ministerial se limita a aceptar la dimisión y agradecer los servicios prestados, la salida de Gallo Quintana ocurre en un escenario complejo. Diversas fuentes del sector energético consultadas por Caretas sostienen que su gestión enfrentó tensiones internas debido a la demora en los avances de formalización y la presión de gremios mineros.
Además, su salida coincide con recientes operativos de la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional contra redes de lavado de activos provenientes de la minería ilegal, como el caso ocurrido en Callao, donde se inmovilizó una barra de oro valorizada en más de medio millón de dólares. Esta coyuntura podría haber acelerado los cambios al interior del Minem para reforzar la respuesta estatal frente al problema.
Impacto en la formalización minera
La renuncia de Gallo Quintana plantea una pregunta clave:
¿Qué rumbo tomará la formalización minera en el Perú?
Actualmente, el país enfrenta un desafío estructural: balancear la promoción de la actividad minera formal, que representa casi el 10% del PBI nacional, con la necesidad de frenar la expansión de operaciones ilegales que depredan ecosistemas y financian al crimen organizado.
Expertos advierten que la falta de liderazgo estable en la Dirección General de Formalización Minera podría retrasar los planes del Gobierno para integrar a los mineros informales. Esto afectaría directamente los esfuerzos por reducir la deforestación, controlar los derrames de sustancias tóxicas y frenar el crecimiento de las economías ilícitas que rodean esta actividad.
El Minem en busca de un reemplazo
El Minem deberá designar en los próximos días a un nuevo Director General de Formalización Minera. El funcionario que asuma el cargo tendrá el desafío de:
- Agilizar los procesos de formalización que se encuentran estancados.
- Coordinar con las fiscalías ambientales para combatir el lavado de activos provenientes de la minería ilegal.
- Impulsar estrategias de desarrollo sostenible en regiones como Madre de Dios, Puno y La Libertad, donde la extracción informal está fuera de control.
Sin embargo, voces dentro del sector advierten que los cambios constantes en este despacho generan inestabilidad institucional y dificultan la implementación de políticas de largo plazo.
La presión de la minería ilegal
El Perú es actualmente el principal exportador de oro de América Latina, pero una proporción considerable de este metal proviene de fuentes ilegales. La reciente incautación de oro en el Callao con destino a la India expuso la magnitud del problema: redes criminales utilizan empresas fachada para blanquear capitales y sacar el mineral del país sin pasar por los controles formales.
En este contexto, la Dirección General de Formalización Minera tiene un rol decisivo. Su misión no solo es integrar a los pequeños mineros a la economía formal, sino también cerrar los canales de comercialización del oro ilegal. La salida de Gallo Quintana deja abiertas interrogantes sobre la capacidad del Estado para enfrentar un problema que compromete incluso la seguridad nacional.
Reacciones y próximos pasos
Hasta el momento, el Minem no ha ofrecido declaraciones adicionales sobre las razones detrás de la renuncia. Sin embargo, diversos colectivos ambientalistas han instado al Gobierno a que la designación del nuevo titular priorice un perfil técnico y comprometido con la lucha contra la minería ilegal.
En paralelo, la Fiscalía de la Nación continúa ejecutando operativos en coordinación con la Dirila y la Sunat para interceptar cargamentos sospechosos de oro, mientras que el Congreso de la República evalúa proyectos de ley orientados a reforzar los controles ambientales y tributarios.
El escenario es crítico: sin una estrategia clara y liderazgo estable, el país corre el riesgo de que las mafias del oro ilegal sigan expandiendo su poder económico y político.
