¿Qué pasó en la pollería de Lurín?
La violencia volvió a golpear sin piedad al sur de Lima. Tres personas —el dueño y dos trabajadoras— fueron asesinadas la noche del miércoles en una pollería de Lurín, en un ataque directo y planificado por un grupo de sicarios. El crimen ocurrió alrededor de las 10:30 p.m., en el local “La Esquina del Sabor”, ubicado frente al parque Julio César Tello, cerca del Óvalo Puente Lurín.
Según relataron testigos, cuatro delincuentes armados llegaron en dos motocicletas. Uno de ellos ingresó rápidamente al establecimiento y sin mediar palabra disparó contra el personal del negocio, sembrando el terror entre los comensales. En pocos segundos, el ataque dejó tres víctimas fatales.
¿Quiénes fueron las víctimas?
Los fallecidos han sido identificados como:
- Erick Vicencio Huamaní (37), propietario del local, quien intentó escapar pero fue alcanzado por las balas a pocos metros del negocio.
- Hermenegilda Berrocal Carpio (35), trabajadora peruana.
- Carmen Uzcátegui Adam (55), ciudadana venezolana que también laboraba en el lugar.
La brutalidad del ataque —ejecutado frente a clientes y vecinos— fue tal que muchos testigos quedaron paralizados, sin poder intervenir. Los asesinos huyeron en las mismas motocicletas, con el motor encendido, lo que refuerza la hipótesis de una operación planificada.
¿Fue un ajuste de cuentas?
Todo apunta a que este triple homicidio fue producto de un acto de extorsión. El establecimiento llevaba apenas dos meses de funcionamiento, y la precisión del crimen hace suponer que se trató de un mensaje del crimen organizado para los demás comerciantes de la zona.
Fuentes policiales señalaron que no se trató de un asalto común, ya que los delincuentes no robaron nada. Fueron directo al objetivo, dispararon y se marcharon sin siquiera hablar. Este tipo de acciones se han vuelto frecuentes en diversas zonas de Lima, donde mafias exigen cobro de cupos a negocios nuevos, especialmente en rubros como gastronomía, construcción o transporte.
Vecinos temen por su seguridad
El hecho ha dejado conmocionados a los vecinos del distrito. Muchos de ellos salieron tras los disparos y vieron los cuerpos tendidos en el suelo. “Esto nunca había pasado aquí. Estamos muy preocupados. Ya no se puede vivir tranquilo”, declaró una vecina, entre lágrimas.
Lurín, un distrito con crecimiento urbano acelerado, enfrenta ahora un nuevo rostro de la inseguridad. Comerciantes de la zona han preferido no dar declaraciones por miedo a represalias, pero fuentes locales indican que el temor a los extorsionadores es creciente.
¿Qué dice la Policía?
Agentes de la Comisaría PNP Villa Alejandro llegaron minutos después del crimen y acordonaron la escena. En el interior del local hallaron cámaras de seguridad que ya están siendo revisadas por la División de Homicidios de la Dirincri, que ha asumido la investigación.
El caso se suma a una larga lista de homicidios por encargo registrados en Lima en lo que va del año. Según cifras oficiales, los crímenes por sicariato y extorsión se han duplicado respecto a 2023, con focos especialmente activos en distritos como San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Ate, y ahora, Lurín.
¿Dónde están las autoridades locales?
Pese a la gravedad del crimen, ni la alcaldía de Lurín ni el Ministerio del Interior han emitido declaraciones contundentes. El plan de seguridad ciudadana parece desbordado por el avance del crimen organizado, mientras los vecinos reclaman mayor presencia policial, rondas de patrullaje y acciones concretas contra las mafias.
El caso revive la discusión sobre la necesidad de declarar en emergencia ciertos distritos de Lima, así como reforzar la estrategia nacional contra el sicariato y la extorsión.
Lurín, nuevo foco de violencia
El crimen de “La Esquina del Sabor” no es un caso aislado. Es parte de una ola creciente de asesinatos selectivos que están golpeando negocios pequeños y medianos. El uso de sicarios en motos, el cobro de cupos y la impunidad tras cada ataque se han convertido en una fórmula repetida que el Estado aún no logra detener.
Mientras tanto, las víctimas siguen acumulándose y los ciudadanos pierden la fe en su derecho a vivir y trabajar en paz.