Una investigación fiscal ha destapado uno de los casos más graves de corrupción interna dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP). Bajo el nombre de “Los Piratas”, operaba una organización criminal conformada por más de 20 policías activos y en retiro, dedicada a robos, extorsiones, sicariato y tráfico de drogas, en complicidad con bandas delictivas.
El caso, revelado por la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, detalla que los agentes no solo toleraban los delitos, sino que planificaban y ejecutaban directamente los ataques, aprovechando su conocimiento de las operaciones policiales y el uso del uniforme para simular intervenciones legales. El hallazgo pone en evidencia una estructura criminal incrustada en la propia institución encargada de combatir el delito.
Una organización con mando y jerarquía policial
Según las pesquisas, los cabecillas del grupo eran Carlos Miguel Gamarra Pérez y Jaime García Córdova, ambos pertenecientes al Escuadrón Verde de la PNP. A través de interceptaciones telefónicas, la Fiscalía confirmó que estos agentes coordinaban asaltos, secuestros y asesinatos con delincuentes comunes, entre ellos un sujeto identificado como “Chato Silver”, conocido en el bajo mundo por su historial de robos armados.
Los audios muestran a los implicados negociando montos y planificando los denominados “trabajos”: golpes que incluían el uso de armas oficiales, motocicletas del Estado e incluso vehículos policiales para aparentar operativos de rutina. En varias conversaciones, se mencionan botines de hasta 140 mil dólares, repartidos entre policías y civiles.
Fuentes fiscales confirmaron que el grupo operaba principalmente en Lima y Tarapoto, donde se atribuyen varios crímenes violentos, entre ellos el asesinato de un cambista y de un empresario local.
Crímenes que conmocionaron a las víctimas
Uno de los casos más impactantes fue el homicidio de Hernán Laynes, cambista que acudió a una falsa cita de negocios con más de 450 mil soles. Fue emboscado y ejecutado en una zona desolada. La hija de la víctima denunció que varios de los detenidos eran policías en actividad y que la familia había sido objeto de amenazas para no declarar.
Otro crimen atribuido a “Los Piratas” es el asesinato del empresario Jorge D’Ambrosio, ocurrido en su vivienda mientras participaba en una videollamada. El sicario ingresó al domicilio y disparó sin cesar. Su esposa relató que el atacante conocía la rutina familiar y escapó en una moto sin ser interceptado, pese a la cercanía de una comisaría.
La Fiscalía sospecha que ambos casos forman parte de una cadena de homicidios por encargo y robo agravado, donde los policías corruptos actuaban como informantes, ejecutores o protectores de los verdaderos cabecillas.
El operativo que desarticuló a “Los Piratas”
Tras meses de seguimiento, el Ministerio Público y la Dirección contra el Crimen Organizado (Dircocor) desplegaron un megaoperativo simultáneo en Lima, San Martín y otras regiones. Se detuvo a 20 policías en actividad y se intervinieron seis celdas del penal de Tarapoto, donde se hallaron evidencias de coordinación delictiva.
La investigación reveló que cuatro agentes ya recluidos por otros delitos seguían dirigiendo operaciones desde prisión, utilizando celulares clandestinos para ordenar ataques y extorsiones. Las comunicaciones intervenidas muestran un nivel de organización “propio de una empresa criminal”, según declaró el fiscal Jorge Chávez Cotrina.
“Es la primera vez que se identifica una estructura criminal dirigida jerárquicamente por policías activos”, afirmó Chávez Cotrina. “No estamos ante casos aislados de corrupción, sino ante una organización con mando, roles definidos y control territorial”.
Entre los detenidos figuran suboficiales, técnicos y exagentes que actuaban como intermediarios entre las bandas delictivas y los funcionarios corruptos encargados de encubrir las operaciones.
El impacto en la confianza ciudadana
El descubrimiento de “Los Piratas” ha generado indignación y miedo entre la población, especialmente en regiones donde los agentes implicados operaban con total impunidad. La hija del suboficial retirado Eycer Solano, asesinado por la banda, aseguró que su padre fue emboscado por policías en servicio:
“Mi padre creyó que lo estaban deteniendo para una intervención, pero en realidad lo estaban llevando a su muerte. La gente en Tarapoto ya no confía en la Policía”, declaró a la prensa local.
Analistas en seguridad señalan que este caso puede tener un efecto devastador sobre la credibilidad institucional, especialmente en momentos en que el país enfrenta una ola de criminalidad y sicariato. Según fuentes del Ministerio del Interior, se prepara un plan de depuración interna y control de inteligencia, aunque expertos advierten que el daño reputacional será difícil de revertir.
Una herida interna en la PNP
El fiscal Chávez Cotrina ha solicitado medidas cautelares y prisión preventiva para los implicados, mientras se amplían las declaraciones de colaboradores eficaces que habrían participado en la logística de los crímenes. Las investigaciones apuntan a determinar si hubo mandos superiores involucrados o si las redes de corrupción alcanzaron unidades de inteligencia de la PNP.
En tanto, el Ministerio del Interior informó que los efectivos detenidos serán dados de baja de manera inmediata y que la Inspectoría General abrirá una investigación paralela para establecer responsabilidades administrativas.
El caso “Los Piratas” se perfila como el mayor escándalo interno en la Policía Nacional en la última década, y evidencia la urgente necesidad de reformar los mecanismos de control, selección y supervisión dentro de la institución encargada de garantizar la seguridad del país.