Un fallo histórico que sacude a Vinci
El 1 de octubre de 2025, la Corte de Apelaciones de París tomó una decisión que podría cambiar la historia de los contratos de infraestructura en el Perú. El tribunal reabrió el proceso que enfrenta a la Municipalidad Metropolitana de Lima contra la empresa Lima Expresa (LIMEX), filial de la multinacional francesa Vinci, señalando que la concesión de la Línea Amarilla heredada de la brasileña OAS estaría viciada de corrupción.
La medida no solo invalida momentáneamente las victorias arbitrales obtenidas por Vinci, sino que además ordena revisar testimonios, contratos y pruebas de sobornos vinculados al caso de la exalcaldesa Susana Villarán, quien enfrenta un juicio por recibir millones de dólares en coimas. Con este paso, la justicia francesa legitima la ofensiva legal impulsada desde Lima para anular un régimen de peajes considerado abusivo por la actual gestión edil.
¿Qué significa la reapertura del caso LIMEX?
La reapertura implica que no habrá convalidación automática de los laudos arbitrales a favor de Vinci. En su lugar, la Corte de París dispuso que se realice una revisión integral de las pruebas de corrupción que acompañaron la concesión original firmada por OAS y posteriormente vendida a Vinci en 2016.
Este giro jurídico abre un escenario favorable para Lima, ya que el caso será tratado como un expediente de corrupción trasnacional, donde se cruzan elementos de derecho internacional, contratos de infraestructura y la responsabilidad de multinacionales que heredan activos manchados por sobornos.
El fantasma de Susana Villarán y el asesinato de Castro
El contexto en Lima refuerza la gravedad del fallo. Apenas el 23 de septiembre comenzó el juicio oral contra Susana Villarán, acusada de recibir 12 millones de dólares en coimas de OAS y Odebrecht. Uno de los testigos clave, José Miguel Castro, exgerente municipal, fue brutalmente asesinado en junio: apareció con un corte de 27 centímetros en el cuello, pocos días antes de firmar su acuerdo de colaboración eficaz.
Su muerte dejó un vacío en el caso, pero también un aire de sospecha y violencia alrededor de la defensa de los intereses municipales. La Corte de París tomó nota de estas circunstancias, consolidando la narrativa de que la concesión no puede mantenerse aislada del contexto de corrupción y criminalidad que la rodea.
Rafael López Aliaga: “Victoria de los limeños”
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, celebró el fallo en términos políticos y ciudadanos. “Esta es una victoria contra la corrupción y las multinacionales que se aprovecharon del pueblo de Lima”, declaró. A su juicio, la decisión judicial valida su cruzada para eliminar los peajes abusivos, herencia de contratos firmados bajo el gobierno municipal de Villarán.
López Aliaga también vinculó el fallo a su promesa de declarar el 30 de septiembre como Día de la Dignidad Municipal, en memoria del día en que “las empresas corruptas tiraron la toalla” frente a la resistencia limeña.
Próxima audiencia en octubre
La Corte fijó una audiencia clave para el 28 de octubre de 2025, en la que se establecerá un calendario unificado para los tres procesos de anulación. De allí dependerá si Vinci logra sostener sus contratos o si la Municipalidad de Lima abre el camino para revertir las concesiones y rediseñar el sistema vial de la capital.
¿Qué está en juego?
- El futuro de los peajes en Lima: millones de ciudadanos esperan que se reduzca la carga económica que representan los contratos de Lima Expresa.
- La reputación internacional de Vinci: la empresa francesa enfrenta cuestionamientos por haber comprado un activo claramente vinculado a escándalos de soborno.
- El impacto político en el Perú: el fallo fortalece la narrativa anticorrupción de López Aliaga y añade presión sobre el juicio a Villarán.
El fallo de la Corte de Apelaciones de París marca un antes y un después en la batalla por los peajes de Lima. Al exigir una revisión a fondo de la corrupción, envía un mensaje directo: ninguna multinacional está por encima de la justicia. Vinci, que compró el proyecto pese a conocer sus irregularidades, deberá responder ante los tribunales internacionales, mientras en Lima la presión ciudadana y política crece para sepultar definitivamente los contratos heredados de la corrupción.