Cualquier persona que conozca de una inconducta funcional que, sin ser delito, constituye un comportamiento indebido de un magistrado o magistrada podrá realizar su denuncia reservando su identidad, si así lo prefiere, ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Así lo establece el “Protocolo de Reserva de Identidad del Denunciante”, aprobado por el pleno de la JNJ, que tiene la finalidad de “garantizar la reserva de la información relativa a la identidad de la persona denunciante, que así lo solicite, a poner en conocimiento hechos de presunta inconducta funcional cometidos por un/una juez/jueza o fiscal, jefe/jefa de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial o del Ministerio Público, jefe/jefa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) o del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)”.
El protocolo es de aplicación a todos los y las funcionarios/funcionarias y servidores/servidoras de la JNJ que cumplan funciones relacionadas a la recepción, asignación, calificación, derivación, tramitación, evaluación, decisión final y/o ejecución de la decisión en las denuncias, investigaciones y/o procedimientos disciplinarios.
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Se considera información relativa a la identidad de la persona denunciante sus nombres, apellidos, documento de identidad, cargo funcional y cualquier otro que permita acceder a su identificación.
El “Registro de denunciantes con reserva de identidad de la Junta Nacional de Justicia”, estará a cargo de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios que, a través de un aplicativo virtual, realizará la asignación y registro de códigos de reserva de los denunciantes que soliciten la protección de su identidad.
La protección de la identidad se mantendrá hasta la decisión final sobre la denuncia o hasta que el ciudadano o la ciudadana solicite de manera expresa se levante la reserva.
Desde el inicio de sus funciones, en enero del 2020, la JNJ ha recibido más de 3,700 denuncias contra jueces, juezas y fiscales a nivel nacional. Las denuncias provienen de ciudadanos, ciudadanas o personas jurídicas que acuden a este organismo constitucional que tiene, entre sus funciones sancionar a las autoridades indicadas.