Las investigaciones sobre los asesinatos de 49 civiles en las protestas contra la presidenta Dina Boluarte podrían dar sus primeros frutos este año, tras un proceso de investigación larga y turbulenta y un luto que los deudos llevan en el camino cuesta arriba de la obtención de la verdad.
Un camino que no ha estado exento de obstrucción, dilaciones y maniobras que retrasan el esclarecimiento de los hechos ocurridos entre diciembre del 2022 y marzo del 2023.
En la audiencia en la que el Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva para el suboficial de la Policía Joe Erik Torres Lovón -actualmente no habido-, investigado por el asesinato de Rosalino Flores, la fiscal Mirela Coronel del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip) evidenció que la Policía Nacional del Perú (PNP) intentó encubrir el papel del efectivo manipulando informes oficiales como el rol de servicio y el reporte de devolución de la escopeta con la que habría disparado los 31 perdigones que acabaron con la vida del joven cusqueño. Sin embargo, estas prácticas no serían un hecho aislado.
Gloria Cano, abogada de las víctimas y deudos de Ayacucho y Apurímac, señaló a CARETAS que desde el inicio, hubo maniobras dilatorias y de obstrucción a las investigaciones. Uno de los hechos que detalla, es que el Poder Ejecutivo se negó a dar a la Fiscalía informes referidos al Plan de Operaciones que el Ejército realizó el 15 de diciembre en la jornada en la que 10 personas perdieron la vida. Argumentaron que era información reservada pese a que el plan ya se había ejecutado con las consecuencias que todos conocemos. Tuvieron que pasar alrededor de 20 días para que, con una orden judicial, se entregara dicha información. Similar situación se vivió en Puno.
Esa está lejos de ser la única maniobra que complica el proceso, ya que los abogados de las víctimas de la represión policial y militar no podrían acceder a las carpetas fiscales debido a una directiva de la Fiscalía que fija en 0.50 céntimos el precio de la hoja de las misma; el precio del expediente completo superaría los S/ 4 000.
La defensora legal de las víctimas del 15 de diciembre del 2022 señaló a esta revista que aún faltan pericias por realizar. Una de ellas está relacionada a la comprobación de los casquillos encontrados y las armas utilizadas por el Ejército. Advierte que “hay una situación que merece una explicación” relacionada con estos residuos de proyectiles.
En Ayacucho, están siendo investigados el teniente coronel del Ejército, Jimmy Vengoa por ser el presunto autor directo de las muertes de Christopher Ramos y José Luis Aguilar; el general del Ejército, Jesús Vera Ipensa, quien responsabilizó a los soldados por el excesivo uso de la fuerza; y el general de la Policía Antero Mejía Escajadillo, jefe de la Macro Región Piura desde enero del 2023.
En Apurímac, se investiga al general de la Policía Luis Flores Solís, por las seis muertes de manifestantes. En enero de este año, fue designado jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote).
En líneas generales, Cano se encuentra confiada en que este año se formalizaría la investigación por las muertes en Ayacucho.
César Quispe Calsín, abogado de las víctimas de Juliaca, apunta a una falla de origen en las investigaciones; el enfoque. Y es que al inicio, las pesquisas estaban a cargo de la Fiscalía contra el crimen organizado y no de la Fiscalía Penal, como correspondía. Esto significó que al inicio se pretendiera culpar a los fallecidos y heridos de lo que les había pasado.
El letrado señala que al inicio, la defensa no tenía acceso al expediente y que tuvieron que esperar hasta el 6 de marzo del 2023, es decir, tres días después de que se inauguró la Fiscalía de Derechos Humanos de Juliaca para acceder al documento para darse con la sorpresa de que había una serie de diligencias que no se habían llevado a cabo. Una de ellas, clave, era la prueba de absorción atómica que permitiría determinar quiénes fueron los autores materiales de los asesinatos. Tampoco hubo incautación de las armas.
Cabe anotar que la conformación de la Fiscalía de Derechos Humanos en Juliaca no fue una iniciativa de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sino que fue una gestionada por los propios deudos y víctimas, quienes tuvieron el apoyo de la entonces defensora del pueblo, Eliana Revollar, según contó a esta revista Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero y hermano de Marco Samillán, estudiante de medicina que socorría a los heridos en Juliaca hasta que las balas de la Policía acabaron con su vida.
Solo en Juliaca, donde hay un total de 108 agraviados, están siendo investigados cuatro altos mandos de la Policía y uno del Ejército y la defensa busca incorporar a otros en la cadena mando.
Si bien los focos han estado puestos en los hechos de Juliaca, en esta región del sur andino hay muchos más muertos y heridos; muchos de ellos, gente que ni siquiera participaba de las protestas. Samillán recuerda los casos de Julia Pacsi, mujer que recibió una bala en el cuello cuando daba agua a los gaseados en el Aeropuerto Inca Manco Cápac y el de una adulta mayor que recibió una bala en el tobillo cuando regresaba a su casa.
Quispe estima que hay 500 heridos por Proyectil de Arma de Fuego (PAF) – de los cuales, solo se tienen los nombres de 250- y 33 fallecidos entre los que se encuentran los soldados que fallecieron cruzando el río Ilave y el suboficial José Luis Soncco, en cuyo caso se detuvo Ismael Díaz Ccallata; Erusbel Apaza Uturunco -suboficial PNP en situación de retiro- y Yesenia Molina Vargas, presuntos responsables de su asesinato.
Muchos de esos heridos, no accedieron a la ayuda económica “solidaria” que ofreció el Gobierno de Boluarte, ya que algunos no calzaban en el estándar de lesionados graves que se fijó, pese a las secuelas de sus heridas y otros decidieron no empadronarse debido a presuntas intimidaciones y temor a ser denunciados si se identificaban como víctimas de las protestas.
El factor Eficavip
El Eficavip ha sido criticado debido a que la conformación de este equipo retrasó, en opinión de los abogados consultados, las investigaciones que ya se estaban llevando a cabo en las Fiscalías regionales. La centralización en Lima de la indagación dificultó la toma de declaraciones de testigos que no podían ir a la capital o que no contaban con acceso a internet.
Quispe consideró que en lugar de conformarse este nuevo equipo, se debió dotar a las Fiscalías del personal y el equipo necesario para garantizar su labor. Especialmente en Puno, donde la Fiscalía de DDHH tiene recursos muy limitados.
Pese a los escasos recursos esta dependencia fiscal tuvo un gran avance: pasaron de 7 a 27 tomos. Por eso, criticó que el expediente haya sido trasladado al Eficavip sin comunicación previa con las víctimas.
Cano, sin embargo, señaló que el Eficavip debió operar en donde no hay Fiscalías de DDHH y esperó que la nueva coordinadora Raquel Cárdenas, halle el equilibrio necesario entre el avance de las pesquisas y el acceso de las víctimas al expediente.
Cabe decir que la fiscal Cárdenas tiene experiencia en casos relacionados a DDHH. En diciembre del 2023, fue la encargada de pedir 18 meses de prisión preventiva para el expresidente, Alberto Fujimori, por el caso Pativilca.
Año sabático
El 12 de enero cumplió su primer año, la comisión cuya misión es investigar las muertes en las protestas antigubernamentales. Sin embargo, a lo largo de este año, este grupo de trabajo no ha sesionado ni una sola vez porque solo se acreditó a tres de los nueve miembros que debe tener.
Solo tres bancadas acreditaron miembros: Cambio Democrático – Juntos por el Perú, Acción Popular y Perú Libre. El Bloque Magisterial, a pesar de haber impulsado la creación de esta comisión, no ha acreditado a su integrante. Lo mismo pasa con bancadas como Alianza Para el Progreso, pese a que votaron a favor de esta iniciativa.
Fuerza Popular tampoco acreditó a sus integrantes pese a tener dos asientos en dicha comisión. Tampoco lo hicieron Avanza País ni Renovación Popular. Todas estas bancadas votaron en contra de crear este grupo de trabajo.
Margot Palacios, vocera de PL, dijo a esta publicación que en reiteradas ocasiones, ha pedido al presidente del Congreso, Alejandro Soto, que exhorte a los grupos parlamentarios a acreditar a sus miembros en la comisión. La última vez que lo hizo fue el 9 de enero. Sin embargo, no hay resultados.
Ruth Luque, de CD-JP, también dijo a CARETAS que ha hecho este pedido desde que José Williams era presidente del Congreso. “No acreditan simplemente porque no quieren. Presidencia no insiste”, manifestó.
Palacios, congresista por Ayacucho, cuestiona que hasta la fecha no haya un responsable político de las muertes de protestantes y resaltó la necesidad de que esa tarea sea encomendada a la comisión investigadora.
Secuelas
Los deudos de los muertos en Puno deben enfrentar no solo el engorroso trámite legal en su búsqueda de justicia, sino también la desidia de sus autoridades. Raúl Samillán, contó a esta revista que el alcalde de Juliaca, Óscar Cáceres, les ha pedido que “se olviden de sus muertos” y que hay un sector que les pide lo mismo. Sin embargo, señaló que han desarrollado fortaleza para seguir adelante.
Resalta que la asociación que preside no persigue ningún fin político, y que su único objetivo es que se sancione a los responsables de las muertes. Incluso, considera que una vez que se termine el gobierno de Dina Boluarte, debería instalarse una comisión de la verdad que recorra el país en busca de los testimonios que faltan para completar el rompecabezas.
Mientras tanto, se espera que se presenten nuevas denuncias ante la Fiscalía de DDHH de Juliaca debido a que muchas personas que viven cerca del aeropuerto Inca Manco Cápac han visto sus viviendas afectadas por las piedras y las balas que corrieron el 9 de enero del 2023.
