Operativo nocturno en el penal de Piura
Durante la madrugada del lunes 21 de octubre, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó el traslado de 17 internos del penal de Piura hacia diversos establecimientos de mayor seguridad.
La medida se enmarca dentro del plan nacional para prevenir la coordinación de actividades delictivas desde las cárceles y fortalecer el control interno en los penales del norte del país.
El operativo se realizó a las 00:05 horas y estuvo a cargo de 10 efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) pertenecientes a la Oficina Regional Norte Chiclayo. Según fuentes penitenciarias, los internos fueron seleccionados por su perfil de riesgo y sus antecedentes disciplinarios dentro del recinto carcelario.
El objetivo principal del traslado fue frustrar la planificación de actos ilícitos, especialmente aquellos vinculados con redes de extorsión y tráfico ilegal de objetos dentro de los establecimientos penitenciarios.
Reclusos fueron enviados a penales de máxima seguridad
De acuerdo con el comunicado oficial del INPE, los internos fueron redistribuidos a penales de Cochamarca, Chimbote, Huaraz y Cañete, todos ellos bajo regímenes de mayor control y vigilancia permanente.
Entre los trasladados al penal de Cochamarca, en Pasco, se encuentran: Edilberto Alvitez Gálvez, Jeanpol Alexander Sandoval Vera, Héctor Sernaque Manrique, Víctor Joel Merino Castro, William Martín Campos Villaseca, Juan Víctor Agustín Ochoa Nores, Joel Enrique Gómez Móran y Jorge Luis Juárez Pingo.
A Chimbote fueron llevados Deyber Miguel Preciado Benites, Edward Enrique Vílchez Sandoval y Jhonny Emerson Chunga Torres, mientras que Dacmer Edu Richard Alva Fernández, Dennis Bladimir Maza Arenas y Juan Emilio Moscol Silva fueron trasladados al penal de Huaraz.
Finalmente, los internos Jorge Luis Diez Quesquén, Julio Eriberto Viera Valdiviezo y Carlos Alexander Jiménez Espinoza fueron derivados al Establecimiento Penitenciario de Cañete, según el informe de la institución penitenciaria.
Medida responde a crisis de seguridad carcelaria
El traslado masivo ocurre pocos días después de que el INPE confirmara la fuga del interno Krisman Nizama Ponce (31) del penal de Piura, procesado por el delito de extorsión.
La huida del recluso, quien se encontraba en tratamiento psiquiátrico, provocó la destitución del director y subdirector del penal y la apertura de una investigación administrativa por parte de la Oficina de Asuntos Internos.
El organismo penitenciario precisó que la fuga fue reportada el domingo 19 de octubre a las 6:30 a.m., activándose de inmediato los protocolos de búsqueda dentro y fuera del penal.
Fuentes del INPE informaron que se están reforzando las medidas de seguridad en los pabellones de tratamiento especial y en las áreas donde se encuentran internos con antecedentes de fuga o violencia.
Control y vigilancia bajo estado de emergencia
El traslado de los 17 reclusos coincide con la reciente declaratoria del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, medida dispuesta por el Gobierno del presidente José Jerí para enfrentar la ola de criminalidad.
En ese contexto, el Ministerio de Justicia y el INPE han intensificado sus operaciones de control en los penales de Piura, Trujillo, Chiclayo y Lima, considerados puntos críticos de coordinación criminal desde los centros de reclusión.
La institución también informó que el Sistema de Inteligencia Nacional aplicará pruebas de confiabilidad con polígrafo a funcionarios del INPE, como parte de una estrategia integral para detectar posibles actos de corrupción interna.
El ministro de Justicia, Vicente Tiburcio, señaló que el Gobierno “no permitirá que los penales sigan siendo centros de operaciones del crimen organizado”. Además, adelantó que se instalarán sistemas biométricos y cámaras inteligentes para monitorear a los internos de alto riesgo.
Prevención frente a delitos de extorsión y sicariato
El norte del país ha registrado en los últimos años un incremento de delitos vinculados a la extorsión, secuestro y sicariato, muchos de los cuales se coordinan desde los penales, según informes del Ministerio Público.
El traslado de internos considerados de “alta peligrosidad” busca cortar esas redes de comunicación y reducir el poder de influencia de las bandas dentro de los recintos penitenciarios.
El INPE reafirmó su compromiso de continuar con las acciones de traslado, control y aislamiento de internos peligrosos, así como con la implementación de nuevas políticas de inteligencia penitenciaria.
Asimismo, advirtió que las medidas disciplinarias y administrativas seguirán aplicándose en los casos en que se detecten negligencias o irregularidades de parte del personal penitenciario.
¿Qué medidas adicionales prepara el INPE?
El plan de reforzamiento penitenciario incluye:
- Aumentar la frecuencia de operativos inopinados en los pabellones de mediana y alta seguridad.
- Fortalecer la coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en zonas de riesgo.
- Implementar bloqueadores de señal telefónica más eficientes y nuevos protocolos para el ingreso de visitas.
Estas acciones se desarrollan como parte de una política penitenciaria que busca garantizar el orden interno y prevenir delitos desde los penales, especialmente en regiones con alta incidencia criminal.