En un operativo pacífico llevado a cabo en Ancón, el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) logró recuperar terrenos que habían sido ocupados irregularmente. El desalojo, que involucró a 400 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), permitió retirar a los pobladores y a las casas prefabricadas que se encontraban en las cercanías de los penales Ancón 1 y Ancón 2, propiedad del INPE.
El proceso comenzó con una solicitud a los ocupantes para que abandonaran de forma voluntaria los terrenos, una acción que se desarrolló sin incidentes violentos. Los pobladores retiraron sus pertenencias y luego se procedió al derrumbe de las 60 viviendas prefabricadas con maquinaria pesada. Este operativo fue encabezado por los presidentes del Consejo Nacional Penitenciario, Javier Llaque Moya y Marlon Florentini Castañeda, quienes aseguraron que se actuó con responsabilidad y bajo estrictas medidas de seguridad.
El objetivo principal del desalojo fue recuperar espacios estatales para evitar su uso indebido. Al ser terrenos cercanos a centros penitenciarios, su ocupación ilegal representaba un posible riesgo para la seguridad y el orden en la zona. El INPE destacó que el procedimiento se realizó con el fin de asegurar el control de estos terrenos, los cuales son fundamentales para el funcionamiento adecuado de los penales.
Aunque el operativo se presentó como una acción ordenada y respetuosa de los derechos de los ocupantes, surge la preocupación sobre el futuro de las personas desplazadas. A pesar de la efectividad en la recuperación de los terrenos, la situación de los afectados queda sin aclarar, lo que abre un espacio para el debate sobre la necesidad de alternativas de reubicación o apoyo a quienes han sido desplazados.
