La industria minera peruana tiene una particularidad que es importante tomar en consideración para mejorar la productividad del país. En su mayoría, dicha actividad se desarrolla en regiones alto andinas remotas, donde existe poca presencia del Estado. Sin embargo, para realizar sus labores la actividad minera necesita llevar a estas zonas alejadas, personal, insumos, tecnología y equipos. Además, para su funcionamiento debe proveerse de la infraestructura necesaria de manera continua. Por ello, la presencia minera puede llevar a la creación de corredores económicos, uniendo la diversidad de potencial productivo que genere desarrollo en las regiones, con una mirada inclusiva de exportación de bienes y servicios. Asimismo, la presencia minera involucra el desarrollo de infraestructura pública en vías de comunicación, energía y telecomunicaciones, generando externalidades positivas a otras actividades económicas que ganan eficiencia y productividad en su quehacer.
En ese sentido, las políticas públicas deberían plantearse pensando en la interacción conjunta de las diversas actividades productivas considerando el desarrollo de territorios amplios. El día de hoy, la actividad minera formal opera bajo exigencias de altos estándares ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y de respeto a la población local que nos acoge (ESG). Además, es sumamente regulada a través de rigurosos procesos de licencia ambiental aprobados por diversas autoridades y fiscalización por parte de organismos gubernamentales. Estas exigencias no solo provienen de la legislación moderna sino de una cultura y visión de trabajo cada vez más acentuadas en la industria, que contribuyen a que las demás empresas y el ecosistema minero en general remen en el mismo sentido.
Ocho de los 23 proyectos analizados -dos tercios de la inversión atrasada- acumulan más de una década de retraso, al estar programados inicialmente para empezar sus operaciones entre el 2011 y 2013. Además, 16 de 23 proyectos ya no indican una fecha probable de inicio, evidenciando la incertidumbre sobre su ejecución. (Fuente: IPE).
Cabe añadir que la minería es, sin duda, fundamental para la economía del Perú: representa el 11% del PBI, 58% de las exportaciones, 14% de la inversión privada y 20% del IR y pagos especiales de las empresas. A la generación de recursos importantes para el Estado y las localidades y regiones donde se ubican las unidades mineras, se suma el efecto multiplicador que tiene la generación de empleo en el sector minero, pues ocho empleos indirectos e inducidos se producen por cada empleo que se crea en el sector minero.
Desde una mirada global, la minería es fundamental para la transición energética. Las metas de descarbonización que se están planteando públicamente los países y los grupos empresariales nos anuncian que la demanda de minerales va a sobrepasar la oferta que se requiere. Y el Perú, de acuerdo con el Ingemmet, posee ocho de los 17 minerales críticos para la transición energética mundial, incluyendo, por supuesto, el cobre.
Tal es así que al observar la cartera de proyectos mineros que publica el MINEM se puede comprobar que el país tiene la posibilidad de duplicar la producción de cobre. Los yacimientos ya identificados hacen factible que los proyectos del norte del país sumen a la producción actual un millón de toneladas de este metal (Galeno, Conga, Michiquillay, La Granja y Coimolache) al igual que el grupo de proyectos ubicados al sur (Tía María, Zafranal, Trapiche, Los Chancas y Los Calatos). De concretarse estos, se daría paso al desarrollo de dos corredores económicos con potencial relevante para el desarrollo de esas zonas y el país en general.
“Representa el 11 % del PBI, 58 % de las exportaciones, 14 % de la inversión privada”.
Se trata de oportunidades que el país no puede dejar pasar. Según un reciente estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE), es posible identificar 23 proyectos mineros que no se ejecutaron por razones ajenas a la voluntad de la empresa y que figuran en la cartera del MINEM de 2018 y 2023, que en conjunto involucran más de US$29 000 millones. De haberse ejecutado estos proyectos, el crecimiento promedio del PBI del 2009-2011 hubiera sido 4,7 % en lugar del 3,9 % registrado, se hubiesen generado 541 000 empleos anuales, entre directos, indirectos e inducidos, en la etapa de producción minera y 125 000 en la etapa de construcción. Esto hubiera logrado que 1,7 millones de persona salga de una situación de pobreza.
A julio de 2023, 23 de los 46 proyectos mineros en cartera enfrentan retrasos por razones ajenas a la voluntad de la empresa, con un monto de inversión de alrededor de US$30 mil millones, equivalente al 55% de la inversión total. (Fuente: IPE).
Por ello, resulta de suma importancia que el país propicie y promocione la inversión minera con el fin de poner en valor el potencial antes señalado, sobre todo observando que no se tiene en el mediano plazo el inicio de operación de un proyecto de envergadura. Hoy más que antes urge atender la valoración que obtiene el Perú frente a otros países en relación a varios asuntos que tienen que ver con el desarrollo minero, ya que el inversionista actúa en base a una opción global para colocar su capital, es decir qué tan competitivos somos. Y esto tiene relación con la estabilidad y desempeño económico, la infraestructura, los procesos y procedimientos que plantea el país, la seguridad, el respeto a los acuerdos, el acceso a tierras, entre otros, en resumen, una política minera. Tenemos todo el potencial para seguir creciendo, solo tenemos que trabajar en conjunto para conseguirlo.
*Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
