La informalidad laboral en el Perú continúa siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico y social del país. Un reciente informe presentado por la red global WIEGO reveló que más de 13 millones de peruanos, equivalentes al 72% de la población económicamente activa (PEA), se encuentran en condición de empleo informal, una cifra que no solo refleja la precariedad estructural del mercado laboral, sino que también dificulta la eventual adhesión del país a la OCDE, un objetivo reiterado por las últimas administraciones.
WIEGO enfatiza que, pese a los avances normativos de los últimos años, la informalidad se mantiene prácticamente intacta en los sectores urbanos, donde se concentra la mayor parte de casos y donde la vulnerabilidad económica se expresa con mayor claridad. Esta situación, señala el estudio, se agrava en ciudades como Lima Metropolitana, donde la informalidad es parte del tejido cotidiano de subsistencia.
El peso de la informalidad urbana: pobreza, brechas y vulnerabilidad
El informe advierte que, al retirar del análisis al sector agropecuario —que se caracteriza por un nivel de informalidad casi absoluto debido a su estructura productiva—, el enfoque debe trasladarse al espacio urbano, donde la relación entre informalidad y pobreza resulta más evidente.
Los sectores más golpeados por esta dinámica son el comercio ambulatorio, los trabajos a domicilio, las labores en mercados y el trabajo del hogar, actividades que sostienen la economía de miles de familias pero que carecen de cualquier forma de protección laboral, previsional o de salud. La falta de acceso a servicios básicos, la inestabilidad permanente en los espacios de trabajo y el limitado acceso a servicios públicos son factores que agravan la precariedad.
WIEGO subraya que la informalidad urbana tiene rostro femenino. La mayoría de trabajadoras informales son mujeres independientes que no solo generan sus propios ingresos, sino que además asumen la carga de cuidados de menores, adultos mayores o personas con discapacidad, sin apoyo del Estado ni acceso a sistemas de cuidado. Muchas no concluyeron la educación secundaria y pertenecen a grupos etarios de alta vulnerabilidad, como jóvenes sin oportunidades laborales formales o personas mayores obligadas a sostenerse por cuenta propia.
Lima Metropolitana: cifras que revelan un problema estructural
Como parte de un estudio global que también incluyó ciudades de India, Tailandia y Brasil, WIEGO presentó los resultados de una encuesta aplicada a comerciantes de la vía pública en diez distritos de Lima Metropolitana. Las cifras reflejan con claridad el perfil social y económico de quienes dependen de la informalidad para subsistir:
- 70% son mujeres, muchas de ellas jefas de hogar.
- 87% realizan tareas de cuidado además de trabajar.
- 23% son adultos mayores obligados a continuar en actividades informales para sobrevivir.
- 19% son jóvenes sin acceso a empleos formales.
- 70% sostiene a más de tres dependientes con ingresos diarios variables y sin garantías.
La venta de alimentos perecibles, una actividad central para la seguridad alimentaria de zonas empobrecidas, representa la ocupación principal. Más del 20% inició esta actividad en los últimos cuatro años, coincidiendo con los efectos económicos de la pandemia, el aumento del costo de vida y la falta de empleos formales accesibles.
Obstáculos que perpetúan la informalidad
El estudio identifica una serie de factores estructurales que dificultan que los trabajadores informales mejoren sus condiciones o logren transitar hacia la formalidad. Entre los principales se encuentran:
- Falta de acceso a crédito para capital de trabajo.
- Amenazas constantes a sus espacios laborales, como desalojos, decomisos y restricciones municipales.
- Pérdida frecuente de capital por robos, inclemencias climáticas o falta de almacenamiento adecuado.
- Calor extremo y condiciones climáticas adversas, que afectan la salud y los ingresos.
- Alta inseguridad, especialmente en mercados y zonas de comercio ambulatorio.
- Escasez de servicios de cuidado, que obliga a muchas mujeres a compatibilizar el trabajo y la crianza sin apoyo institucional.
- Retroceso postpandemia, que no ha sido revertido por políticas públicas.
- Incumplimiento de normas laborales y ausencia de fiscalización efectiva.
Estos factores, concluye WIEGO, impiden que millones de peruanos alcancen mejoras en productividad, competitividad y calidad de vida, afectando a su vez la economía nacional.
Falta de propuestas en los planes de gobierno rumbo al 2026
A pesar de la magnitud del problema, WIEGO advierte que la informalidad laboral urbana no figura con claridad en los planes de gobierno presentados hasta el momento ante las autoridades electorales, a pocas semanas del cierre del plazo rumbo a las Elecciones Generales 2026.
La omisión preocupa, señala la organización, porque el nivel de informalidad en el Perú no solo constituye un desafío social, sino también una barrera concreta para los objetivos internacionales del país, como la adhesión a la OCDE, que exige avances verificables en protección social, formalización laboral y reducción de brechas estructurales.
Con más de 13 millones de personas trabajando sin derechos, la informalidad laboral continúa siendo una de las mayores deudas del Estado peruano, un desafío que supera gobiernos y requiere políticas sostenidas para transformar la precariedad en oportunidades reales.