El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) llevaron a cabo un megaoperativo simultáneo en varios penales de Lima, incluyendo Lurigancho, Callao y Castro Castro. La medida, ordenada por la presidenta Dina Boluarte, busca reducir la delincuencia, neutralizar organizaciones criminales y fortalecer la seguridad ciudadana.
Durante el operativo, se allanaron celdas y se revisaron áreas comunes, patios y pasadizos en busca de artículos y sustancias ilícitas. En el penal Castro Castro, se intervinieron a 389 internos del pabellón 12, clasificados de mediana seguridad.
Entre los hallazgos más destacados, se encontró un celular con 5 chips, lo que sugiere una posible conexión con actividades ilícitas. Además, un fiscal recibió una amenaza de muerte desde el penal Ancon 1, lo que pone de manifiesto la gravedad de la situación y la necesidad de tomar medidas para proteger a los funcionarios judiciales.
El ministro Eduardo Arana, el presidente del INPE, Javier Llaque, y otros altos funcionarios lideraron el operativo, que contó con la participación de 60 efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y agentes de la Policía Nacional y el Ejército.
El ministro Arana destacó que estas medidas se vienen realizando con frecuencia y que, con el Estado de Emergencia, se están intensificando. El presidente del INPE agregó que el Ejército y la Policía Nacional brindan apoyo a todas las acciones y operaciones que ayuden a la lucha contra la criminalidad y otorguen seguridad a la población.
