La lucha contra las economías ilícitas sumó un nuevo episodio en la provincia de Pataz. La Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de La Libertad ejecutó un operativo en las inmediaciones del río Parcoy, logrando la incautación de un importante lote de maquinaria destinada al procesamiento ilícito de minerales. La acción, liderada por la fiscal Patricia Viviana Ponce Saavedra, permitió el decomiso de molinetes artesanales, balanzas, sopletes y hornos rústicos utilizados para la extracción al margen de la ley.
Durante la diligencia, fueron capturados en flagrancia los ciudadanos J. A. H. P. (30) y F. R. J. (25), quienes ahora enfrentan investigaciones preliminares por los presuntos delitos de minería ilegal y tráfico ilícito de minerales. El hallazgo de bolsas con mineral en broza y residuos mineros en el predio confirmó la actividad de procesamiento en una zona crítica por su vulnerabilidad ecológica.
Amenaza ambiental y recorte presupuestal
La ubicación de esta operación ilegal representa un riesgo severo para el ecosistema local debido a su proximidad con el río Parcoy. Las autoridades advirtieron que los residuos mineros hallados podrían generar daños irreversibles en los cuerpos de agua que abastecen a la provincia. Ante este peligro, la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas reafirmó su compromiso de mantener la persecución penal contra quienes atenten contra los recursos naturales.
Sin embargo, el esfuerzo fiscal colisiona con una realidad presupuestal adversa. Según datos del Instituto Peruano de Economía (IPE), el presupuesto destinado a la seguridad pública en La Libertad sufrió un drástico recorte del 60,7% para este 2026. Mientras que en 2025 se ejecutaron S/ 741 millones, para el presente año la cifra cayó a S/ 292 millones, afectando proyectos de infraestructura de vigilancia y tecnología en provincias vulnerables como Pataz, Otuzco y Trujillo.
Pataz: El epicentro de la extorsión y el oro ilegal
El avance de la minería ilegal en La Libertad no es un hecho aislado, sino que aparece estrechamente vinculado al crimen organizado. Solo en 2025, Pataz concentró el 69% de las denuncias por minería ilegal en la región. La violencia asociada a este sector ha escalado a niveles alarmantes: la tasa de extorsión en la provincia alcanzó las 43,8 denuncias por cada 100 mil habitantes, cifra que representa doce veces más de lo registrado en 2020.
Esta dinámica delictiva quedó expuesta a inicios de 2026 con el rescate de 29 trabajadores secuestrados por redes criminales en la mina Sanone. Ante este panorama, especialistas del IPE advierten que la desfinanciación de la seguridad ciudadana y la articulación entre minería ilegal y extorsión requieren de mecanismos urgentes, como Obras por Impuestos, para evitar que la región siga liderando las estadísticas de criminalidad minera en el norte del país.