El Gobierno peruano ha decidido reducir los requisitos para designar al jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y otros altos cargos en el sistema penitenciario. La medida, establecida por el Decreto Supremo N.° 009-2025-JUS, busca agilizar los nombramientos en un contexto de crisis, marcado por el aumento de detenciones y las recientes fugas de reos.
Con esta nueva disposición, el Ejecutivo exige que los postulantes sean peruanos de nacimiento y cuenten con título profesional. Además, se establece que deben tener al menos ocho años de experiencia general en el sector público o privado, de los cuales cinco deben haber sido en cargos directivos. También es obligatorio no tener antecedentes penales ni policiales.
Para otros cargos, como directores de establecimientos penitenciarios, se flexibilizan los requisitos de formación, pidiendo solo un grado de bachiller o haber aprobado un curso especializado. Se requiere también una década de experiencia laboral en el sector, adaptada a las necesidades de cada puesto.
Esta medida excepcional responde a la urgencia de reforzar la seguridad y operatividad de los penales, buscando garantizar el adecuado funcionamiento del sistema penitenciario frente a los desafíos actuales.