El Gobierno intensificó su ofensiva contra la minería ilegal y logró incautar y destruir bienes valorizados en más de S/ 1,206 millones entre enero y mayo de 2026. La estrategia, ejecutada de manera conjunta por la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, busca debilitar las finanzas de las organizaciones criminales que operan en distintas regiones del país.
De acuerdo con el balance oficial, durante los primeros cinco meses del año se realizaron 710 operativos en 24 regiones, afectando directamente la infraestructura, maquinaria y logística utilizada por las mafias dedicadas a la extracción ilícita de minerales, principalmente oro.
Madre de Dios concentra el mayor impacto económico de los operativos
La región de Madre de Dios lidera ampliamente la lista de bienes incautados y destruidos. Allí se registró el 63,2 % del valor total decomisado a nivel nacional, equivalente a cerca de S/ 762,5 millones.
Le siguen Cajamarca, con más de S/ 59 millones; Arequipa, con S/ 55 millones; Amazonas, con casi S/ 35 millones; San Martín, con S/ 34,7 millones; Huánuco, con S/ 33,4 millones; Lima, con S/ 32 millones; Junín, con S/ 31,4 millones; y Áncash, con S/ 31,2 millones.
También figuran La Libertad, Pasco, Apurímac, Loreto, Lambayeque, Ucayali, Cusco, Huancavelica, Piura, Moquegua, Puno, Ayacucho, Tacna, Tumbes e Ica.
Las autoridades explicaron que estos resultados responden a una estrategia de intervención permanente en las zonas donde la minería ilegal ha generado mayores daños ambientales y sociales.
¿Qué bienes decomisan las autoridades?
Los operativos no solo se enfocan en la extracción ilegal, sino también en toda la cadena logística que sostiene esta actividad ilícita.
Entre los equipos incautados y destruidos figuran excavadoras, dragas, balsas traca, motores diésel, motores sumergidos, bombas hidráulicas, tolvas, pozas de procesamiento y generadores eléctricos.
Asimismo, se desmantelan campamentos clandestinos, herramientas, combustibles y sustancias químicas altamente contaminantes como el mercurio, además de vehículos, motocicletas y armamento utilizado por organizaciones criminales para proteger sus operaciones.
Las autoridades sostienen que atacar esta infraestructura es clave para reducir la capacidad operativa de las redes ilegales que financian otras actividades delictivas.
Más de 700 operativos ejecutados en 24 regiones
El informe oficial detalla que Madre de Dios también concentra el mayor número de intervenciones realizadas, con 349 operativos, lo que representa el 49,2 % del total nacional.
Detrás aparecen La Libertad con 51 intervenciones; Huánuco con 40; Loreto con 38; Arequipa con 37; San Martín con 24; y Amazonas y Áncash con 21 cada una.
También se desarrollaron acciones en Cajamarca (19), Junín (15), Ucayali (12), Huancavelica (11), Lima (11), Pasco (10), Cusco (9), Piura (9), Apurímac (8), Lambayeque (7), Puno (5), Ayacucho (4), Moquegua (3), Ica (2), Tumbes (2) y Tacna (1).
El despliegue forma parte de una política de control territorial que involucra a diversas instituciones del Estado.
La minería ilegal sigue siendo una de las principales amenazas del país
La minería ilegal se ha convertido en uno de los mayores desafíos para el Perú debido a su impacto ambiental, económico y social.
Además de la deforestación y la contaminación de ríos por el uso indiscriminado de mercurio, esta actividad ilícita mantiene vínculos con otros delitos como el tráfico de personas, el lavado de activos, la trata de personas y el crimen organizado.
Diversos especialistas han advertido que las economías ilegales generan millones de soles cada año y han extendido su presencia a nuevas regiones del país.
Por ello, el Ejecutivo sostiene que las intervenciones deben mantenerse de forma permanente y coordinada.
En resumen
El decomiso de más de S/ 1,200 millones en bienes utilizados por la minería ilegal representa uno de los golpes económicos más importantes ejecutados por el Estado en lo que va del 2026. Sin embargo, las autoridades reconocen que el desafío continúa y que será necesario sostener los operativos para frenar el avance de las organizaciones criminales que afectan el medio ambiente, la seguridad y el desarrollo económico del país.