El Gobierno del Perú oficializó la prórroga del estado de emergencia en Madre de Dios a través del Decreto Supremo N.° 094-2025-PCM, publicado el 19 de julio de 2025. La medida entrará en vigor a partir del 25 de julio, extendiéndose por 60 días calendario en seis distritos de la región. El objetivo: continuar la lucha contra la minería ilegal, la tala ilegal y otras actividades delictivas conexas que amenazan no solo el medio ambiente, sino también la seguridad y el orden público.
¿En qué distritos se aplicará la prórroga?
La extensión del estado de emergencia afecta a seis distritos en dos provincias de Madre de Dios:
- Provincia de Tambopata: Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto.
- Provincia de Manu: Madre de Dios y Huepetuhe.
Estas zonas han sido identificadas como focos críticos de actividad minera ilegal y deforestación descontrolada, donde además se detectan vínculos con el tráfico ilícito de drogas, delincuencia común y crimen organizado.
Control interno a cargo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas
El decreto establece que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, contando con el respaldo de las Fuerzas Armadas para ejecutar operaciones conjuntas en el marco de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N.° 1095, que regula el uso de la fuerza por parte de los militares en apoyo a la policía.
Estas intervenciones están orientadas a recuperar territorios tomados por mafias dedicadas a la extracción ilegal de oro y la tala de bosques primarios, actividades que no solo destruyen el ecosistema amazónico, sino que también están asociadas a violaciones de derechos humanos, trata de personas y explotación laboral.
Derechos suspendidos durante el estado de emergencia
Con la activación de este nuevo período de excepción, el Gobierno ha dispuesto la restricción de varios derechos constitucionales en los distritos mencionados:
- Inviolabilidad del domicilio
- Libertad de tránsito
- Libertad de reunión
- Libertad y seguridad personales
Esto significa que tanto la Policía como las Fuerzas Armadas podrán intervenir a personas y acceder a viviendas sin orden judicial previa, siempre dentro de lo establecido por el protocolo del Estado para situaciones de emergencia.
Se ha dispuesto que estas intervenciones respeten el Protocolo de actuación conjunta para contextos de detención, retención e intervención policial, en especial cuando se trate de mujeres o personas en condición de vulnerabilidad.
Autoridades que firmaron el decreto
El Decreto Supremo fue suscrito por:
- Presidenta Dina Boluarte
- Presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana
- Ministro de Defensa, Walter Astudillo
- Ministro del Interior, Carlos Malaver
- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Enrique Alcántara
Estas autoridades destacaron que la medida busca restablecer el orden interno y proteger tanto el medio ambiente como la vida de las poblaciones locales, muchas de ellas afectadas por el avance de actividades ilegales en la Amazonía.
Obligaciones de la PNP y financiamiento de las operaciones
El decreto establece que, cinco días después del fin del estado de emergencia, la Policía Nacional deberá presentar un informe detallado al Ministerio del Interior, en el que se incluyan:
- Resultados operativos
- Zonas intervenidas
- Personas detenidas
- Materiales incautados
El financiamiento de estas operaciones será cubierto por el presupuesto institucional de los pliegos involucrados, y también por asignaciones adicionales autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Minería y tala ilegal: amenazas persistentes para la Amazonía
El departamento de Madre de Dios es una de las regiones más biodiversas del planeta, pero también una de las más golpeadas por la minería informal y la deforestación ilícita. En años recientes, organizaciones ambientales han denunciado que miles de hectáreas de selva amazónica han sido destruidas por maquinaria pesada, mercurio y combustibles utilizados en extracción aurífera no regulada.
Uno de los casos más alarmantes fue la contaminación del río Nanay con 15 toneladas de mercurio, como consecuencia directa de la minería ilegal, lo que puso en riesgo a más de 500 mil personas.
La extensión del estado de emergencia busca justamente contener esta expansión descontrolada y recuperar zonas degradadas por actividades que, además de ilegales, resultan altamente contaminantes y dañinas para la salud pública.
¿Qué viene después del estado de emergencia?
Si bien el estado de emergencia otorga herramientas excepcionales a las fuerzas del orden, no es una solución permanente. Diversos expertos coinciden en que la estrategia debe complementarse con:
- Planes de desarrollo alternativo
- Reactivación económica legal en la región
- Reforestación de áreas devastadas
- Formalización de pequeños mineros artesanales
- Protección efectiva a comunidades indígenas y poblaciones vulnerables
La experiencia de intervenciones pasadas demuestra que si no se ataca la raíz del problema, el territorio recuperado puede volver a ser ocupado por mafias en pocos meses.
El Gobierno ha optado por renovar el estado de emergencia en Madre de Dios como una medida necesaria ante el crecimiento de la minería y tala ilegal. Esta acción refleja la gravedad de la crisis ambiental y de seguridad que vive la región amazónica.
Aunque representa un avance en términos operativos, también plantea retos en el respeto a los derechos humanos y en la construcción de soluciones estructurales a largo plazo. Los ojos del país —y de la comunidad internacional— estarán puestos en los resultados de esta nueva fase de intervención.
