El presidente del Consejo de Ministros, en su última declaración sobre la reciente resolución del Tribunal Constitucional, aclaró que la extensión del plazo hasta 2030 otorgada al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para reducir el hacinamiento en los penales no debe considerarse una prórroga. Según indicó, el objetivo de la medida es hacer más realista el proceso y permitir un enfoque más efectivo en la solución de este problema público que afecta a todo el sistema penitenciario.
El presidente del Consejo de Ministros aseguró que el trabajo que ya se venía realizando continuará con la misma intensidad, y que las metas trazadas, como la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios y la mejora de la seguridad, se seguirán cumpliendo dentro del nuevo cronograma establecido. La aclaración fue hecha después de que algunos sectores interpretaran la extensión como una dilatación innecesaria de la solución a una crisis que afecta a miles de reclusos.
El INPE, por su parte, seguirá implementando las políticas necesarias para optimizar los espacios penitenciarios, buscando al mismo tiempo mantener la seguridad tanto dentro de los establecimientos como en las comunidades circundantes. La mejora en las condiciones de los penales es una prioridad para el Ejecutivo, quien reafirmó su compromiso con la justicia y el respeto de los derechos humanos en las cárceles.
En cuanto a la crítica de que este nuevo plazo podría implicar un retraso en la atención del problema, el gobierno enfatizó que los plazos originales eran demasiado ambiciosos, dada la magnitud de la tarea. La intención del Ejecutivo es garantizar que cada etapa del proceso de reducción de hacinamiento sea ejecutada de forma adecuada y eficiente.