El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual del Callao logró que el Poder Judicial sentenciará a Juan Antonio Illatopa Villanueva (27) a pagar una reparación civil de S/ 15000 y 364 días de multa por intentar ingresar ilegalmente al país 11 celulares de marca IPhone 15.
Esta sentencia fue mediante terminación anticipada del proceso, donde Illatopa Villanueva reconoció que cometió el delito de tráfico de mercancías restringidas en grado de tentativa y aceptó la sanción penal.
La fiscal provincial, Rosario Elena García Delgado, sustentó en audiencia que, por acogerse a este proceso especial de simplificación, Juan Illatopa le asiste el beneficio de reducción de un sexto de la pena (en cumplimiento al artículo 468 del Código Procesal Penal), por lo que fue sentenciado a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida, sujeto a un periodo de prueba de dos años.
Además, tiene pagar la totalidad de la reparación civil, pasar control biométrico y no deberá cometer otro delito doloso, si no la pena podría volverse efectiva. Asimismo, ante la solicitud del Ministerio Público, el Poder Judicial ordenó el decomiso definitivo de los equipos celulares incautados por la SUNAT el 9 de marzo de 2024.
LOS HECHOS
Juan Antonio Illatopa arribó al aeropuerto Internacional Jorge Chávez, procedente de Estados Unidos, y al acercarse a la zona de circuito rojo, indicó que solo traía un repuesto para carro que estaba debidamente declarado. Entonces, el personal de Aduanas lo llevó al body scan y encontraron once celulares modelos iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, los cuales estaban escondidos en las medias que estaba usando.
Dichas mercancías son restringidas en nuestro país (al ser equipos tecnológicos que no hay en el Perú, requieren un permiso emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para su ingreso), por lo que SUNAT informó a la Policía y a la Fiscalía, quienes procedieron con la detención e investigación preliminar respectivamente, con participación de la Fiscal Adjunta Akemi Figueroa Suarez.
Ante las evidencias de la comisión del delito, el Ministerio Público solicitó ante el Poder Judicial el proceso inmediato, en menos de 48 horas, obteniendo sentencia consentida en menos de 72 horas.
