La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa consiguió una condena contra tres exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Santa, en Áncash, tras demostrar que se apropiaron de S/ 308 413.71 mediante un esquema de manipulación del presupuesto municipal.
Los sentenciados fueron hallados responsables de utilizar sus cargos para desviar recursos que estaban destinados al pago de obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores de la comuna. El caso fue investigado por el delito de peculado doloso agravado.
La decisión judicial representa un nuevo resultado de la Fiscalía Anticorrupción en la lucha contra los delitos contra la administración pública.
Exfuncionarios recibieron penas de prisión e inhabilitación
La sentencia impuso ocho años de pena privativa de la libertad efectiva, suspendida provisionalmente hasta que el fallo quede firme, para el exgerente de Planeamiento, Presupuesto e Informática, Sebastián Obregón, y para el exasistente de esa misma área, Víctor Ávila.
Además, ambos fueron inhabilitados por cinco años para ejercer cargos públicos.
En tanto, la exjefa de la Oficina de Contabilidad, Danai Franco, fue condenada a ocho meses de prisión suspendida, 20 jornadas de prestación de servicios comunitarios e inhabilitación por el mismo periodo como autora del delito de peculado culposo.
Fiscalía acreditó el desvío de más de S/ 300 mil
Durante el juicio oral, el fiscal provincial Alejandro Martin Galloso Asencio demostró que los hechos ocurrieron entre septiembre de 2020 y febrero de 2022.
Según la investigación, los exfuncionarios manipularon las fases de ejecución del gasto para generar excedentes presupuestales inexistentes y apropiarse de recursos públicos.
El dinero estaba destinado al pago de aportes y obligaciones con entidades como la ONP, EsSalud, las AFP y una entidad financiera. Sin embargo, esos fondos nunca llegaron a su destino.
Así operaba el esquema de corrupción
La investigación determinó que los implicados incrementaban de manera fraudulenta las certificaciones presupuestarias por montos superiores a las obligaciones reales que mantenía la municipalidad.
Posteriormente, el dinero excedente era transferido de forma irregular a cuentas personales del entonces tesorero y de terceros ajenos a la entidad pública.
Finalmente, los recursos eran retirados en efectivo y distribuidos entre los integrantes de la red, mientras las retenciones efectuadas a los trabajadores municipales quedaban impagas.
Informe de Contraloría y colaborador eficaz fueron claves
La acusación fiscal estuvo respaldada por un Informe de Control Específico de la Contraloría General de la República, que permitió seguir el recorrido del dinero desviado.
Además, el testimonio de un colaborador eficaz fue determinante para reconstruir el funcionamiento de la organización y la forma en que se distribuían los recursos obtenidos ilícitamente.
La investigación también incorporó transferencias bancarias, conversaciones de WhatsApp y otros elementos probatorios que evidenciaron los acuerdos entre los implicados y el incremento patrimonial registrado durante el periodo investigado.
Caso refuerza la lucha contra la corrupción
Con esta sentencia, la Fiscalía Anticorrupción suma un nuevo fallo en casos relacionados con el uso irregular de recursos públicos.
El proceso demuestra la importancia del trabajo conjunto entre el Ministerio Público y los órganos de control para detectar esquemas de corrupción que afectan el patrimonio del Estado y perjudican directamente a los trabajadores y ciudadanos.