La Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Junín sustenta este viernes, 19 de junio desde las 8:30 de la mañana, el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra ocho integrantes del Ejército del Perú investigados por la muerte de cinco civiles durante un operativo realizado el pasado 25 de abril en el distrito de Colcabamba, región Huancavelica.
El Ministerio Público también atribuye a los militares el presunto delito de tentativa de homicidio calificado en agravio de otras tres personas que sobrevivieron a la intervención. El caso es seguido por una fiscalía especializada en derechos humanos y la decisión final quedará en manos del Poder Judicial.
La audiencia representa un paso clave en una investigación que ha generado debate sobre el uso de la fuerza en operaciones militares desarrolladas en zonas de influencia del VRAEM.
Ocho integrantes del Ejército son investigados
El requerimiento fiscal alcanza a ocho miembros de la Compañía Especial de Comandos N.° 31 del Ejército del Perú.
Entre los investigados figura el capitán Luis Joel Montenegro Pardo, quien se encontraba al mando del grupo durante la intervención.
También son investigados Brayan Antony Fernández Dett, Douglas Villacorta Saboya, Hedilberto Edis Marcos Guerra, Andy Jesús Sánchez Ríos, Jorge Luis Aguilar García, Américo Carlos Vásquez Rojas y Fernando Córdova Mariano.
La Fiscalía considera que existen elementos suficientes para solicitar la medida cautelar mientras continúan las diligencias orientadas a esclarecer lo ocurrido.
¿Qué ocurrió durante el operativo en Colcabamba?
Los hechos se registraron el 25 de abril en el distrito de Colcabamba, en la región Huancavelica, durante una intervención militar que inicialmente fue vinculada a una presunta operación contra el narcotráfico.
Como consecuencia del operativo fallecieron cinco personas y otras tres lograron sobrevivir.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Nilson Eduardo Montenegro Valencia, ciudadano colombiano que conducía el vehículo intervenido, además de Cristian Vilcatoma Aguila (18), Jaime Bendezú Paraguay (28), Wilder Romer Sevipaucar (32) y William Núñez Soto (20).
Los tres sobrevivientes también figuran como agraviados en la investigación por el presunto delito de tentativa de homicidio calificado.
La Fiscalía cuestiona el uso de la fuerza durante la intervención
De acuerdo con la tesis fiscal, los efectivos militares habrían empleado una fuerza desproporcionada durante el operativo.
Las investigaciones señalan que, pese a que inicialmente se informó que la intervención estaba relacionada con actividades de narcotráfico, no se encontraron drogas ni evidencias concluyentes que acreditaran la comisión de ese delito.
Asimismo, las diligencias realizadas tampoco habrían permitido confirmar la existencia de un enfrentamiento armado.
Aunque los investigadores hallaron cartuchos en la zona, no encontraron armamento que sustentara la hipótesis de una respuesta armada por parte de las víctimas.
Estos elementos forman parte de las evidencias que el Ministerio Público ha incorporado al expediente.
El armamento utilizado forma parte de la investigación
La documentación fiscal señala que el destacamento militar contaba con fusiles de asalto SCAR-L calibre 5.56x45 milímetros y un lanzagranadas FN Herstal acoplado.
Además, disponía de aproximadamente 1.600 cartuchos, una mira nocturna NIVISYS UTAM-32, radios tácticos de comunicación, un teléfono satelital IsatPhone 2, un dispositivo GPS Spot y granadas explosivas de 40 milímetros.
Todo este material es analizado por los investigadores para reconstruir las circunstancias exactas en las que se desarrolló el operativo.
El Poder Judicial definirá la situación de los investigados
La audiencia de hoy será determinante para establecer si corresponde dictar la medida de prisión preventiva contra los ocho militares.
El Poder Judicial evaluará los argumentos presentados por la Fiscalía y los elementos de convicción reunidos durante la investigación preliminar.
La decisión marcará el rumbo del proceso y podría sentar un precedente en casos vinculados a intervenciones militares investigadas bajo un enfoque de derechos humanos.
En resumen
La audiencia que se desarrolla hoy representa un momento decisivo en el caso Colcabamba. Mientras la Fiscalía sostiene que hubo un uso desproporcionado de la fuerza, el Poder Judicial deberá determinar si existen fundamentos suficientes para ordenar la prisión preventiva contra los ocho integrantes del Ejército investigados por la muerte de cinco civiles en Huancavelica.