La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima (Tercer Despacho) consiguió que se dicte condena contra cinco efectivos de la Policía Nacional del Perú por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.
El proceso estuvo a cargo del fiscal provincial José Emilio Caballero Miranda.
Los sentenciados son Bryan Sandoval, Mael Aysanoa, Iván Espíritu, Franco Luque y Bryan Arévalo, quienes integraban el Equipo de Investigación N.° 02 del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Centro de Lima.
Fiscalía acreditó pedido de dinero por devolución de bienes
De acuerdo con la investigación, los policías intervinieron a la ciudadana Felícita Chávez y a su pareja Jhon Medina, quienes transportaban sábanas falsificadas.
Tras la intervención, ambos fueron trasladados a la sede policial.
En ese lugar, los agentes solicitaron inicialmente S/ 10 000 a cambio de devolver la mercadería incautada. Luego, el monto fue reducido a S/ 6 000 con el objetivo de concretar el acto ilícito.
Condenas y sanciones impuestas
El Poder Judicial dictó distintas penas para los implicados:
- Bryan Sandoval: 6 años, 5 meses y 4 días de prisión suspendida por 5 años.
- Mael Aysanoa: 5 años de prisión convertida en 260 jornadas de servicio comunitario.
- Iván Espíritu, Franco Luque y Bryan Arévalo: 4 años, 9 meses y 26 días de prisión suspendida.
Además, cada uno deberá pagar S/ 3 000 de reparación civil, tras acogerse a la figura de conclusión anticipada.
Aceptación de cargos y participación fiscal
Durante el proceso, los acusados aceptaron su responsabilidad penal, lo que permitió la emisión de sentencias bajo la figura de conclusión anticipada.
En el caso también participaron los fiscales adjuntos Heidy Judith Pejerrey Benites y Brayen Olin Trujillo Agüero.
Caso de corrupción en la Policía Nacional
El Ministerio Público destacó que este tipo de decisiones refuerza la lucha contra la corrupción en el ejercicio de la función pública, especialmente en intervenciones policiales donde se vulnera la confianza ciudadana.
La sentencia marca un precedente en casos vinculados a pedidos de dinero a cambio de la devolución de bienes incautados.