En una contundente operación contra la minería ilegal, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de La Libertad logró la destrucción de cuatro bocaminas y un socavón dedicados a la extracción ilícita de minerales en el anexo San Fernando, provincia de Pataz.
Durante la diligencia, liderada por los fiscales adjuntos provinciales Kimberly Cueva Gil y Martín Anhuamán León, se hallaron 15 toneladas de mineral polimetálico, un generador eléctrico, herramientas perforadoras, bidones con petróleo, una zaranda metálica y otros implementos utilizados para esta actividad ilegal. Todos estos elementos fueron destruidos conforme al protocolo establecido por la normativa ambiental.
Más de 4 mil materiales explosivos incautados
En una segunda intervención realizada en el sector Las Pircas, se detectó una bocamina con acceso a un socavón que albergaba 1,550 cartuchos explosivos, 1,750 detonadores ensamblados y 1,500 metros de mecha rápida. Los materiales fueron incinerados, ya que no contaban con la debida autorización para su uso ni almacenamiento, pese a que el área se encontraba inscrita en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Ocho detenidos y múltiples instituciones involucradas
Como resultado de estos operativos, fueron detenidas ocho personas, quienes están siendo investigadas por el presunto delito de minería ilegal.
La intervención fue realizada en coordinación con diversas entidades del Estado: el Comando Unificado de Pataz (Cupaz), la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, el Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco), la Dirección de Medio Ambiente (Dirmeamb) y la División contra la Minería Ilegal (Divcomin) de la Policía Nacional. También participaron Sucamec y el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Compromiso con el medio ambiente
Desde la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, se reafirmó el compromiso del Ministerio Público de continuar luchando contra la minería ilegal y proteger los recursos naturales.
“Estas acciones son parte de una estrategia sostenida para combatir un delito que afecta gravemente el medio ambiente, la salud pública y el desarrollo sostenible de las regiones”, señalaron voceros de la fiscalía.