El Ministerio Público anunció una serie de cambios importantes en los Distritos Fiscales de Amazonas, Lima Centro y Lima Este, con la designación de fiscales provinciales y adjuntos en distintas especialidades, según la Resolución N° 3000-2025-MP-FN emitida el 29 de septiembre de 2025 por la Fiscalía de la Nación. Las disposiciones buscan optimizar la estructura funcional del organismo y garantizar el adecuado desempeño de los fiscales en el país.
Entre los principales nombramientos se encuentra Jose Willan Fustamante Rafael, quien asumirá como fiscal provincial titular especializado en delitos de corrupción de funcionarios en Chachapoyas, Amazonas, y será adscrito al Despacho de la Fiscalía de la Nación. Por su parte, en Lima Centro, se oficializa la designación de Jorge Luis Zavaleta Torres, fiscal provincial titular penal, en la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia, mientras que Tania Staline Bobadilla Centurión ocupará la Quinta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio.
¿Qué implican estas designaciones para el Ministerio Público?
Las designaciones cumplen con los artículos 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y los criterios de la Ley de la Carrera Fiscal, que regulan la provisión de plazas vacantes mediante mérito, antigüedad y experiencia. Según expertos, estas medidas buscan asegurar que las investigaciones prioritarias, como los casos de corrupción, extinción de dominio y ciberdelincuencia, sean lideradas por fiscales con experiencia comprobada.
Además, se destacan nombramientos estratégicos como el de Peter Paul Miranda Rojas, quien asumirá un cargo provisional como fiscal provincial en Lima Centro, con especialización en derechos humanos e interculturalidad, y será adscrito al Despacho de la Fiscalía de la Nación. Esto fortalece la coordinación de las fiscalías especializadas en casos de delitos de alto impacto.
Fortalecimiento de las fiscalías especializadas
La resolución también establece cambios para Myriam Paola Palpa Cárdenas, quien será fiscal adjunta provincial provisional en Lima Centro, en la Primera Fiscalía Provincial Penal de La Victoria-San Luis, y para José Antonio De María Godoy Meyer, designado en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Anita, Lima Este.
Estos ajustes reflejan la intención del Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, de consolidar la estructura institucional y evitar la prolongación indefinida de cargos provisionales, tal como ha sido señalado en jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según estas disposiciones, la provisionalidad debe tener un límite temporal y depender de condiciones resolutorias.
Contexto de las designaciones y su relevancia
El cambio en los distritos fiscales responde a la necesidad de reforzar áreas críticas, como la lucha contra la criminalidad organizada, corrupción de funcionarios y ciberdelincuencia, así como los casos de extinción de dominio y protección de derechos humanos.
¿Cómo se decide la asignación de los fiscales?
El proceso sigue criterios claros de mérito, experiencia y especialización, además de la revisión del desempeño funcional de cada abogado fiscal. La resolución indica que todos los designados deben efectuar la correspondiente entrega de cargo, conforme a la Directiva General N° 007-2002-MP-FN.
El objetivo es garantizar la continuidad de la gestión y mantener la eficiencia operativa del Ministerio Público, especialmente en casos complejos que requieren experiencia y coordinación entre distintas fiscalías.
Impacto institucional y próximos pasos
La resolución también contempla la notificación a diversos organismos y coordinaciones, incluyendo la Junta Nacional de Justicia, áreas especializadas en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, Fiscalía Suprema de Familia y fiscalías de competencia nacional en delitos de criminalidad organizada y terrorismo.
Con estas designaciones, se espera una mayor eficiencia en los procesos fiscales, evitando vacancias prolongadas y asegurando que las investigaciones de alto impacto no se vean retrasadas. Además, los cambios promueven la profesionalización del personal fiscal y el respeto a la normativa interna, reforzando la institucionalidad del Ministerio Público.