La fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, expresó su preocupación por una serie de leyes recientemente aprobadas que, según indicó, debilitan la lucha contra el crimen y afectan la independencia del Ministerio Público. En particular, señaló que estas normas dificultan investigaciones claves contra la corrupción, el crimen organizado y los delitos de lesa humanidad.
Entre las leyes cuestionadas figura la Ley 31990, que limita la posibilidad de corroborar información en los procesos de colaboración eficaz. También mencionó las leyes 32107 y 32108, que recortan herramientas legales para enfrentar el crimen organizado y delitos graves. Espinoza añadió que las normas 32130 y 32182 representan una amenaza a la independencia de fiscales y jueces.
Asimismo, se refirió a dos normas ya cuestionadas ante el Tribunal Constitucional: la Ley 32326, que introduce cambios en el proceso de extinción de dominio, y la 32330, que establece responsabilidad penal desde los 16 años. Según la titular del Ministerio Público, estas leyes podrían tener consecuencias regresivas para los derechos y el sistema de justicia penal.
Espinoza finalizó su pronunciamiento señalando que espera un debate democrático y jurídico en el Tribunal Constitucional, donde estas leyes serán evaluadas en su constitucionalidad. “La autonomía fiscal no puede ser vulnerada bajo ninguna circunstancia”, subrayó.