La emisión del Decreto Legislativo 957 publicado en el diario oficial El Peruano ha traído críticas al gobierno de Dina Boluarte Zegarra, ya que permite que la Policía Nacional del Perú (PNP) pueda intervenir a los ciudadanos sin la necesidad de que un fiscal o un juez hayan emitido una orden.
Gracias a este dispositivo legal, la PNP está facultada para registrar la vestimenta, equipaje o vehículo de los ciudadanos cuando lo considere necesario “para prevenir un delito u obtener información útil para la averiguación de un hecho punible”.
También, se decreta que la Policía podrá “retener” hasta por cuatro horas -en el caso de los ciudadanos peruanos- a un ciudadano que no tenga su DNI a la mano al momento de ser intervenido. A los extranjeros, se les podrá “retener” hasta por 12 horas.
En el caso de que haya requisitorias u órdenes de captura internacional, se podrá efectuar la detención e incluso, se podrá tomar las huellas dactilares y fotografías de los detenidos sin su consentimiento, previo permiso del Ministerio Público.
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Esta medida, dictada por el gobierno gracias a las facultades legislativas que le otorgó el Congreso, ha sido criticada por diversos especialistas. El abogado Dino Caro Coria advirtió que ahora el control “por sospecha” se puede dar “cuando el policía quiere y sin control de un superior y otra autoridad”, lo que deja “un gran espacio para el abuso y discriminación policial”; y consideró que, al usar la palabra “retención” en lugar de “detención” en el decreto, se busca evitar un control judicial.
El abogado Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL) cuestionó que el decreto no establezca el documento que servirá para que los extranjeros puedan identificarse. Consideró, asimismo, que los plazos de “retención” policial son excesivos y evidencian que no hay interconexión entre la PNP, la Fiscalía, el Poder Judicial y Migraciones.
Finalmente, consideró que actos como la toma de huellas o fotografías sin consentimiento son actos ilegales e inconstitucionales.
