Datos revelados en el 35° Observatorio de Conflictos Mineros, elaborado por las organizaciones CooperAcción, Fedepaz y Grufides, lanzan una señal de alarma sobre la voracidad territorial de la gran minería corporativa, así como el avance cada vez más agresivo de la minería informal e ilegal.
Casi 20 millones de hectáreas, equivalentes a un quinto del territorio nacional, se encuentran actualmente concesionadas, pero un abrumador 80% de esas vastas extensiones ha sido acaparado por solo 15 grandes empresas mineras. Esta desmedida concentración de concesiones en tan pocas pero omnipotentes manos ha propiciado situaciones que rozan lo inverosímil y atentan contra el patrimonio peruano.
Un ejemplo alarmante es Piura, donde un 60% de la superficie del reservorio de Poechos, fuente vital de agua para toda la región norte, ha sido concesionada a la minería bajo el absurdo pretexto de que albergaría más oro que la propia mina de Yanacocha, según arguyó irresponsablemente el gobierno de PPK. El propio titular de las concesiones en la represa de Poechos es Juan Carlos Ramírez, actual Parlamento Andino, quien fuera nada menos que viceministro de Minas durante el régimen de Alberto Fujimori.
José De Echave, investigador de CooperAcción, ha sido enfático al advertir que “la política de concesiones mineras en el Perú permite un acaparamiento y especulación desbocada con los territorios, siendo el origen de incontables conflictos”.
De acuerdo con De Echave, el avance de la minería ilegal, verdadera fuerza depredadora que no conoce límites, es una fuente de conflicto social cada vez más grave, pues ocupa más y más territorio e incluso disputa espacios con la minería formal.
Mirtha Vásquez, expresidenta del Consejo de Ministros y abogada de la ONG Grufides, ha lanzado una seria advertencia: Cajamarca acaba de sufrir en el segundo semestre 2024 “un nivel de escasez de agua nunca antes visto, con la ciudad abastecida mediante racionamientos de cisternas”. Si bien reconoce que el cambio climático y la época de estiaje influyen en esta crisis, Vásquez sostiene que es urgente un estudio a fondo porque “hay indicios abrumadores de que Cajamarca está sufriendo cada vez más la falta de agua por culpa de la actividad minera en las delicadas cabeceras de cuenca”.
Por su parte Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui, señaló que no se puede hacer minería insostenible en cabeceras de cuenca con estrés hídrico, por lo que es urgente retomar la discusión sobre el ordenamiento territorial. “No se puede hacer minería donde sea y como sea, y menos en un escenario de estrés hídrico como el que hoy tenemos en el Perú”, destacó el especialista.
Persecución a defensores ambientales y “terremoto institucional”
Pero la respuesta del Estado ha sido lamentable. David Velazco, director de Fedepaz, señaló que numerosos defensores ambientales son perseguidos y sentenciados sin pruebas por autoridades que protegen la minería sin licencia social, citando casos como Las Bambas, donde hay 11 defensores sentenciados por ejercer su derecho a la protesta, y Tía María con tres defensores en la misma situación.
Este último, Tía María, es un proyecto que vería ilegalmente la luz en 2025 sin que tenga un Estudio de impacto ambiental (EIA) vigente, explicó la abogada de CooperAcción, Ana Leyva, puesto que su EIA fue aprobado el 2014 y este instrumento solo tiene una vigencia de cinco años.
Por su parte, Jaime Borda advirtió que, ante las denuncias de la sociedad civil, el Congreso quiere perseguir a las ONG restringiendo su financiamiento a través de la futura Ley APCI.
Leyva también señaló sobre un “terremoto institucional” mediante el cual el actual ejecutivo está desmantelando las regulaciones ambientales y a las entidades responsables de la gestión ambiental. Mencionó los D.S. 009 y 014 del MINAM, mediante los cuales se declara en “reorganización” al Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) y se le excluye del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Así mismo, el D.S. 013 que restringe el rol de las entidades que emiten opinión técnica durante el proceso de revisión de los estudios de impacto ambiental, debilitando aún más la institucionalidad ambiental con el mantra de acelerar las inversiones. “Los límites ambientales se están perdiendo en el Perú”, sentenció Leyva.
Audiencia crucial para el agua de Lima
Ana Leyva alertó que el próximo 8 de enero se realizará la audiencia definitiva del caso Ariana, proyecto minero de cobre que se ubicaría en medio del sistema hídrico de Marcapomacocha, que abastece de agua a Lima y Callao. Este proyecto amenaza gravemente el acceso al agua en la capital del país, por lo que ciudadanos de Lima así como Sedapal forman parte de un proceso constitucional de amparo que busca detenerlo. En la segunda instancia, dos jueces se han pronunciado por la suspensión del proyecto y otros dos por su ejecución, por lo que la audiencia de enero dirimirá este proceso y será clave para defender el derecho al agua de la población de la capital.