En el actual escenario electoral, marcado por discursos grandilocuentes y ofertas dispersas, la política nacional de vivienda sigue ocupando un lugar secundario en la agenda pública. Sin embargo, de cara a las elecciones generales del 12 de abril, el tema se perfila como uno de los desafíos estructurales más urgentes que deberá enfrentar el próximo gobierno. El acceso a una vivienda digna no solo responde a una necesidad básica, sino que constituye un derecho a la vivienda que impacta directamente en la calidad de vida, la seguridad ciudadana y el desarrollo económico de millones de peruanos.
El déficit habitacional afecta con mayor crudeza a los sectores más vulnerables y evidencia una deuda histórica del Estado. A pesar de los programas de vivienda social en el Perú implementados en las últimas décadas, la brecha sigue siendo amplia y, en muchos casos, se ha visto agravada por la informalidad urbana, la precariedad de los servicios básicos y el crecimiento desordenado de las ciudades. En este contexto, la pregunta central es política: ¿están los candidatos dispuestos a asumir la política habitacional como una prioridad real y no solo como una promesa de campaña?
La vivienda como política de Estado
Para el experto en vivienda y construcción, Percy Rojas, el próximo presidente tiene la obligación de abordar el tema desde una perspectiva de largo plazo. “La vivienda no puede seguir tratándose como un programa temporal sujeto a la coyuntura política. Debe asumirse como una política de Estado, con continuidad y visión estratégica”, sostiene.
Rojas subraya que el acceso a una vivienda digna y segura tiene efectos directos en ámbitos clave como la salud pública, la educación y la seguridad ciudadana. Una familia que vive en condiciones precarias enfrenta mayores riesgos sanitarios, limitaciones educativas y mayor vulnerabilidad frente al crimen. Por ello, insistir en soluciones parciales o de corto alcance solo posterga un problema estructural.
Reforma integral y rol del Estado
Uno de los principales retos es la necesidad de una reforma integral del sistema de vivienda social. Esto implica fortalecer los programas públicos existentes, simplificar los trámites burocráticos y promover la formalización del suelo urbano. Sin un mercado de suelo ordenado, cualquier política nacional de vivienda está condenada a quedarse corta.
Además, el acceso al financiamiento sigue siendo un cuello de botella. Para amplios sectores de la población, los créditos hipotecarios resultan inaccesibles, ya sea por la informalidad laboral o por las exigencias del sistema financiero. Garantizar mecanismos de financiamiento sostenibles y accesibles es una tarea central del Estado si se busca reducir el déficit habitacional.
El papel estratégico del sector privado
Aunque el Estado cumple un rol central, la magnitud del problema obliga a incorporar al sector inmobiliario y a la empresa privada. Según Rojas, si los programas públicos no se dan abasto, el sector privado puede y debe complementar esfuerzos, siempre bajo reglas claras y adecuada supervisión.
La alianza público-privada, bien diseñada, puede ampliar la oferta de vivienda social en el Perú, evitar la expansión informal y generar desarrollo urbano sostenible, siempre que se priorice el interés social por encima de la especulación.
Crecimiento urbano y planificación
Actualmente, la expansión del sector inmobiliario se concentra en distritos de los conos de Lima como Puente Piedra, Carabayllo, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, donde existe mayor disponibilidad de suelo y potencial de desarrollo urbano.
Sin embargo, el crecimiento sin planificación reproduce viejos problemas: falta de servicios básicos, transporte deficiente y ausencia de equipamiento urbano. Construir viviendas sin infraestructura adecuada solo traslada el déficit habitacional a otra escala.
El debate político de fondo
Más allá de proyectos puntuales, el debate sobre la política nacional de vivienda es eminentemente político. Priorizar el derecho a la vivienda implica asignar presupuesto suficiente, coordinar entre niveles de gobierno y enfrentar intereses que históricamente han condicionado el uso del suelo.
Convertir la vivienda en eje del próximo gobierno exige voluntad política, gestión eficiente y transparencia. También implica entender que no hay desarrollo sostenible sin ciudades ordenadas y sin acceso real a una vivienda digna.
Una oportunidad en año electoral
Las elecciones generales representan una oportunidad para exigir propuestas concretas en vivienda social, financiamiento accesible y planificación urbana. La ciudadanía demanda soluciones reales, no anuncios coyunturales.
La política nacional de vivienda no puede seguir siendo marginal. Es una condición básica para reducir desigualdades, fortalecer el tejido social y garantizar oportunidades reales para millones de peruanos que aún esperan un techo propio.