La madrugada del domingo 12 de enero, la compañía minera Poderosa fue víctima de un nuevo atentado de manos de mineros ilegales coludidos con grupos criminales. Esta vez detonaron tres cargas de dinamita en la torre de alta tensión N* 24 destruyéndola en su totalidad. Cabe precisar que esta torre fue recientemente inaugurada y alimenta de energía la planta Santa María y otros sectores de las labores mineras en Pataz. El suministro eléctrico de las operaciones fue interrumpido como resultado del atentado, pero se logró restituir gracias a la implementación del plan de contingencia.
Con este nuevo atentado, son 15 las torres de alta tensión dinamitadas en los últimos 4 años, a lo que hay que sumar las incursiones violentas de los ilegales que ha traído como saldo la pérdida de vidas de 18 de nuestros colaboradores. Este ataque se registra tras la renovación del estado de emergencia y la presencia en la zona de un contingente de más de 200 policías y efectivos del ejército.
Aprovechando la confusión generada por las explosiones y el corte eléctrico, los atacantes tomaron la operación de un campamento minero ilegal en la quebrada de Carhuabamba, secuestrando, según fuentes de la PNP, a 17 de sus trabajadores. Producto del enfrentamiento entre ambos grupos se habría generado un derrumbe en la entrada de la bocamina, en la cual han quedado atrapados las personas retenidas.
Dicha zona es un área invadida por mineros ilegales en los últimos años, por lo que Poderosa tuvo que retirarse, a fin de proteger la integridad y seguridad de su personal. En reiteradas oportunidades hemos denunciado frente a las autoridades la persistente presencia de los ilegales y su control de la zona, sin que hasta el momento la policía intervenga. Poderosa se encuentra en medio de un fuego cruzado de grupos delincuenciales que usan métodos terroristas en sus disputas territoriales. En las pasadas fiestas navideñas, estos enfrentamientos entre mineros ilegales cobraron cinco vidas.
La escalada de violencia que se vive Pataz se explica, en buena medida, por el crecimiento exponencial de la minería ilegal que se viene dando al amparo del REINFO, cuya vigencia fue recientemente ampliada por el Congreso de la República, a pesar de la contundente evidencia sobre el fracaso del proceso formalizador y los efectos perversos asociados a sus periódicas ampliaciones.
A través de un comunicado, Poderosa reiteró su pedido al Gobierno Central para que haga efectivo el compromiso que asumió (hace casi un año) para constituir un frente policial en Pataz, a fin de erradicar la minería ilegal antes de que la misma siga extendiendo sus nefastos tentáculos. La minería ilegal se ha convertido ya en la economía ilícita que más recursos genera, superando largamente al narcotráfico. Sus vínculos con otras actividades ilícitas como la extorsión, el sicariato, la trata y el tráfico de armas y explosivos vienen en aumento. Resulta por ello fundamental que los distintos órganos del Estado, con el liderazgo del Ejecutivo, actúen con prontitud y contundencia para frenar este terrible flagelo.