El Congreso de la República aprobó en primera votación una modificación al Código Penal que convierte la amenaza en un delito sancionable con penas de hasta cuatro años de prisión.
Con 64 votos a favor, 12 en contra y 12 abstenciones, el pleno respaldó la propuesta que castiga a quienes amenacen a otra persona con arma, por medios escritos, visuales o tecnológicos, y en circunstancias agravantes, como si la víctima es menor de edad, tiene alguna discapacidad, es una mujer embarazada o un adulto mayor.
La iniciativa, presentada por la congresista Rosangella Barbarán y sustentada por el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita, busca enfrentar el aumento de amenazas vinculadas a delitos como la extorsión, sobre todo a través de llamadas y mensajes de texto.
En los casos donde la amenaza se haga con arma de fuego, además de la prisión, se impondrá la inhabilitación para portar armas, de acuerdo con el Código Penal.
También se sancionará con hasta dos años de prisión cuando alguien amenace a otra persona de forma verificable con causarle daño grave, aunque no haya una finalidad económica detrás.
La norma aún necesita una segunda votación, que deberá realizarse en un plazo de siete días.
