El déficit habitacional en el país alcanza 1.8 millones de familias, una cifra que refleja una de las principales deudas sociales del Estado. De ese total, cerca del 70% corresponde a zonas urbanas, donde la presión demográfica y la expansión informal se intensifican año tras año.
De acuerdo con datos del sector, cada año se forman más de 130 mil nuevas familias, mientras que la construcción de viviendas formales bordea apenas las 40 mil unidades anuales. Esta diferencia mantiene abierta una brecha que el mercado inmobiliario formal no logra cerrar, especialmente para los hogares de menores ingresos.
Para el especialista en vivienda Percy Rojas, este escenario obliga a que el déficit habitacional sea una prioridad en la agenda del próximo gobierno, no solo como política social, sino como parte de una estrategia de desarrollo urbano sostenible.
El acceso al crédito, el principal cuello de botella
Uno de los factores que profundiza el déficit es la limitada posibilidad de acceder a créditos hipotecarios. Según Rojas, muchas familias no quedan excluidas por falta de ingresos, sino por su condición laboral informal, que les impide cumplir con los requisitos exigidos por el sistema financiero.
“Lo alarmante es que esta falta de acceso no se debe a una carencia de recursos, sino a la imposibilidad de acreditar ingresos formales, como boletas de pago o contratos estables”, explicó. Esta situación deja fuera del mercado formal a miles de hogares, que terminan recurriendo a soluciones precarias o asentamientos informales.
Programas estatales con avances limitados
En los últimos años, programas como Techo Propio y Crédito Mivivienda han contribuido a ampliar el acceso a la vivienda formal. Sin embargo, los avances no han sido suficientes para reducir de manera significativa el déficit acumulado.
Rojas sostiene que, si bien estos programas deben fortalecerse, también es necesario ajustar sus mecanismos de acceso, considerando la realidad laboral de gran parte de la población. De lo contrario, seguirán beneficiando solo a un segmento reducido del mercado.
El rol del Estado y del sector privado
El especialista considera que la magnitud del problema exige una mayor articulación entre el Estado y el sector privado, con reglas claras y políticas que incentiven la construcción de vivienda formal accesible. Esto incluye planificación urbana, acceso a servicios básicos y conectividad con el transporte público.
“La vivienda no puede analizarse solo como una unidad habitacional, sino como parte de un entorno urbano que garantice condiciones mínimas de bienestar”, señaló.
Un reto clave para la próxima gestión
Con un déficit que afecta a millones de personas y una demanda que crece cada año, la política habitacional se perfila como uno de los retos centrales del próximo gobierno. Sin cambios estructurales en el acceso al crédito y en la oferta formal, la brecha seguirá ampliándose, profundizando la desigualdad urbana.
El desafío no es menor: se trata de garantizar el derecho a una vivienda digna y de evitar que el crecimiento de las ciudades continúe produciéndose al margen de la planificación y del Estado.