La reciente ley que penaliza a adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves como extorsión y sicariato ha desatado controversia. Ante esto, la Defensoría del Pueblo ha recurrido al Tribunal Constitucional, solicitando la suspensión de la norma por vulnerar derechos fundamentales de los adolescentes.
El comunicado emitido por la Defensoría señala que la ley contraviene varios tratados internacionales firmados por el Perú, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Según la entidad, esta normativa desatiende principios fundamentales establecidos en la Constitución y los acuerdos internacionales que protegen a los menores.
Además de la solicitud de suspensión, la Defensoría presentó una medida cautelar excepcional ante el Tribunal Constitucional, buscando frenar los efectos inmediatos de la ley mientras se evalúa su posible derogación en el Congreso. Esta acción busca prevenir el daño irreparable que podría causar a los derechos de los adolescentes afectados por la norma.
Este pedido se enmarca en un debate más amplio sobre cómo abordar el aumento de la criminalidad juvenil, en un contexto donde la opinión pública se encuentra dividida respecto a la eficacia y legalidad de la medida adoptada por el Congreso.