El Gobierno oficializó la creación de un nuevo programa para reducir los cultivos ilegales y enfrentar el avance del narcotráfico, uno de los principales problemas de seguridad en el país. La medida, aprobada mediante decreto supremo, busca intervenir directamente en el origen de la cadena delictiva: la producción de hoja de coca destinada a drogas ilícitas.
Se trata del Programa de Reducción de Cultivos Ilegales en el Perú (PRECIP), que dependerá del Ministerio del Interior y tendrá como objetivo principal disminuir el espacio cocalero ilegal en zonas estratégicas. El anuncio marca un nuevo intento del Estado por reorganizar su respuesta frente a un fenómeno que combina crimen organizado, economías ilegales y exclusión social.
Cultivos ilegales y nueva estrategia del Estado
El PRECIP se enfocará en reducir los cultivos ilegales en las denominadas Zonas Estratégicas de Intervención (ZEI), territorios donde la presencia del narcotráfico se mantiene activa. Estas áreas concentran la producción de hoja de coca que luego es desviada hacia la elaboración de drogas cocaínicas.
El enfoque del programa apunta a intervenir no solo en la erradicación, sino también en las condiciones que permiten la expansión de estos cultivos. La lógica es clara: sin una acción sostenida en el origen, la cadena del narcotráfico se mantiene intacta.
Desde el Ejecutivo se sostiene que este nuevo esquema permitirá mejorar la coordinación institucional y optimizar los recursos destinados a combatir los cultivos ilegales, un problema que ha persistido durante décadas.
Enfoque integral: más allá de la erradicación
A diferencia de estrategias anteriores centradas casi exclusivamente en la eliminación de plantaciones, el PRECIP incorpora un enfoque integral que considera factores sociales, económicos, ambientales y culturales.
Esto implica no solo la erradicación de cultivos ilegales, sino también la implementación de campañas de sensibilización, el desarrollo de alternativas productivas y la articulación con gobiernos regionales y locales.
El programa también contempla la ejecución de un Plan Anual de Reducción del Espacio Cocalero, así como el trabajo conjunto con entidades públicas, privadas y organismos de cooperación internacional.
La apuesta del Gobierno es que este enfoque permita atacar las causas estructurales que sostienen los cultivos ilegales, como la falta de oportunidades económicas en zonas rurales.
Reestructuración institucional y fin del modelo Corah
Uno de los cambios más relevantes es la progresiva desaparición del Proyecto Especial Corah, que durante más de 40 años fue el principal instrumento del Estado para la erradicación de cultivos de coca ilegal.
El PRECIP absorberá y reorganizará estas funciones bajo una estructura más moderna, con un director ejecutivo como máxima autoridad administrativa y un esquema de gestión orientado a resultados.
Esta reestructuración busca superar las limitaciones del modelo anterior, cuestionado por su enfoque centrado en la erradicación sin acompañamiento suficiente en desarrollo alternativo.
Sin embargo, el reto será demostrar que el nuevo programa puede generar resultados concretos en la reducción de los cultivos ilegales, más allá de los cambios administrativos.
Financiamiento y plazo de ejecución
El programa tendrá una vigencia inicial de cinco años, periodo en el que se evaluará su impacto en la reducción del espacio cocalero ilegal.
Su financiamiento provendrá del Ministerio del Interior, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y aportes de la cooperación internacional. Según el Ejecutivo, la implementación no generará gastos adicionales al Tesoro Público.
Este punto será clave, considerando que la sostenibilidad de las intervenciones en zonas cocaleras depende en gran medida de recursos constantes y bien ejecutados.
Contexto: un problema persistente
La creación del PRECIP se da en un contexto en el que los cultivos ilegales siguen siendo un factor determinante en el crecimiento del narcotráfico en el Perú.
Diversos informes han advertido que, pese a los esfuerzos de erradicación, la producción de hoja de coca ilegal se mantiene en niveles altos, impulsada por la demanda internacional de drogas.
Además, la presencia de organizaciones criminales en estas zonas complica la intervención del Estado y genera riesgos para las comunidades locales.
En ese escenario, el desafío no es solo reducir hectáreas de cultivo, sino debilitar las redes que sostienen la economía ilegal.
Consecuencias y lo que viene
El éxito del nuevo programa dependerá de su capacidad para articular acciones concretas en el territorio y generar alternativas sostenibles para las poblaciones involucradas.
Si el PRECIP logra reducir los cultivos ilegales de manera efectiva, podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico. De lo contrario, se sumaría a una lista de iniciativas que no lograron cambiar el fondo del problema.
Por ahora, la apuesta del Gobierno abre una nueva etapa en la política antidrogas. El resultado, sin embargo, dependerá menos del diseño y más de su ejecución en campo.