La crisis por el transporte de turistas hacia la ciudadela de Machu Picchu sigue escalando. En medio de denuncias, suspensiones y acusaciones cruzadas, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, apuntó directamente contra el Gobierno central y pidió que se transfieran competencias a su administración para evitar que episodios como este se repitan.
Durante una entrevista en RPP, Salcedo calificó de “acción desproporcionada” la paralización temporal del servicio de buses entre Machu Picchu Pueblo y la ciudadela inca, medida tomada por Consettur, empresa que por más de 30 años ha operado la ruta exclusiva hacia una de las siete maravillas del mundo moderno.
¿Qué pasó con el transporte a Machu Picchu?
El conflicto surgió tras el vencimiento de la concesión de Consettur el pasado jueves. La Municipalidad Provincial de Urubamba otorgó de forma temporal —por cuatro meses— la operación de la ruta Hiram Bingham a la empresa San Antonio de Torontoy. Sin embargo, el traspaso no se concretó porque los nuevos concesionarios no cuentan con la infraestructura necesaria para operar.
En ese escenario, Consettur decidió suspender el servicio durante tres horas el último domingo, dejando varados a cientos de turistas nacionales y extranjeros. La medida generó caos y largas caminatas por parte de visitantes que se vieron obligados a subir a pie hacia la ciudadela.
“La actual empresa Consettur debía tener un retiro paulatino. Cerrar el servicio de transporte fue una medida exagerada y demuestra que el negocio prioriza el lucro antes que el servicio”, señaló Salcedo.
Autonomía regional vs. centralismo en la gestión de Machu Picchu
Para Salcedo, la raíz del problema está en la “dependencia insana” que tienen los gobiernos regionales respecto del Ejecutivo. En su opinión, la falta de autonomía limita la capacidad de las regiones para tomar decisiones efectivas en temas estratégicos, como la gestión de la ciudadela inca y su logística turística.
“Si el Estado peruano nos encargara la solución de Machu Picchu, no estarías escuchando estos problemas. Necesitamos autonomía para manejar nuestra propia infraestructura y proteger la principal fuente de ingresos del Cusco”, enfatizó.
El gobernador también criticó el “centralismo asfixiante” con el que, según él, el Gobierno administra recursos y concesiones clave. La falta de coordinación entre el Ejecutivo, los municipios y las autoridades regionales ha provocado que, en un destino que recibe más de 5,000 visitantes diarios, la planificación del transporte dependa de concesiones temporales y operadores sin capacidad instalada.
Turismo en riesgo: impacto económico y reputacional
La incertidumbre generada por la pugna entre operadores afecta directamente al sector turismo, motor de la economía cusqueña. Según estimaciones de la Cámara de Comercio y Turismo de Machu Picchu, la paralización del servicio durante unas horas puede significar pérdidas superiores a S/ 1 millón diarios, considerando pasajes, guías, hospedajes y alimentación.
Además, la crisis pone en riesgo la imagen internacional de Machu Picchu. En redes sociales, turistas denunciaron desinformación, falta de transporte y descoordinación entre las autoridades. “Una maravilla del mundo no puede depender de decisiones improvisadas”, reclamó la presidenta del gremio de turismo local.
Consettur vs. San Antonio de Torontoy: acusaciones cruzadas
Mientras el gobernador pide autonomía, la tensión entre las empresas involucradas sigue creciendo. Consettur acusa que la Municipalidad de Urubamba otorgó la concesión a San Antonio de Torontoy sin cumplir con requisitos básicos, como tener estación de embarque, planta de abastecimiento de combustible y condiciones mínimas de seguridad.
Por su parte, la municipalidad defiende su decisión y asegura que la medida busca “democratizar” el servicio y garantizar una transición ordenada. Sin embargo, la falta de buses de la nueva operadora obligó a que Consettur continúe operando sin contrato para evitar el desabastecimiento.
Seguridad bajo vigilancia: la PNP interviene
El último sábado, un bus de Consettur sufrió el impacto de un proyectil cerca del puente Ruinas, lo que encendió las alarmas de las autoridades. Ante la sospecha de sabotajes, la Policía Nacional ha dispuesto que efectivos acompañen los traslados en las unidades para proteger a los turistas.
El Ministerio del Interior informó que se ha activado un plan de contingencia para garantizar la seguridad y evitar nuevos incidentes.
¿Qué viene ahora? Mesas de trabajo y posible intervención del Ejecutivo
La Cámara de Comercio y Turismo de Machu Picchu ha solicitado que se implemente un servicio seguro y estable, con operadores acreditados y supervisión directa del Estado. En los próximos días se instalarán mesas de trabajo que incluirán al Gobierno central, autoridades regionales, gremios de turismo y representantes de las empresas involucradas.
El objetivo es alcanzar un acuerdo que priorice la continuidad del servicio, la seguridad de los visitantes y la protección del patrimonio cultural.
