El distrito de Chicama, provincia de Ascope, fue escenario de un crimen que ha sacudido a toda La Libertad. El juez de paz Víctor Hugo López de la Cruz fue asesinado dentro de su propia oficina, donde dos sicarios le dispararon cuatro veces antes de huir del lugar. El ataque ocurrió el último viernes por la tarde, en pleno horario laboral, y dejó sin vida a un funcionario conocido por su compromiso con la justicia en su comunidad.
Según informó el coronel Jhohnny Huamán, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de la región, las primeras hipótesis apuntan a un ajuste de cuentas. Las investigaciones preliminares señalan que el magistrado venía tramitando procesos judiciales delicados vinculados a disputas locales y presuntos casos de extorsión y tráfico de terrenos, prácticas recurrentes en esa zona de la costa norte.
Conmoción en la comunidad
El asesinato generó una profunda indignación entre los vecinos y colegas del juez, quienes lo recordaron como un hombre amable, íntegro y cercano al pueblo. Decenas de personas se reunieron frente a su oficina en señal de duelo, portando pancartas y exigiendo seguridad para las autoridades judiciales. “Era un hombre de palabra, justo y solidario. No merecía morir así”, expresó una residente entre lágrimas.
La Corte Superior de Justicia de La Libertad emitió un comunicado condenando el ataque y pidió al Ministerio Público y la Policía Nacional una investigación exhaustiva para identificar y capturar a los responsables. En tanto, las autoridades locales advirtieron que este crimen refleja el nivel de vulnerabilidad que enfrentan jueces y fiscales en regiones con fuerte presencia del crimen organizado.
Escalada de violencia en el norte
El asesinato de López de la Cruz ocurre en medio de una ola de violencia y sicariato que afecta a diversas provincias de La Libertad, donde se han registrado múltiples casos de extorsión a empresarios, transportistas y comerciantes. Solo en lo que va del año, la región contabiliza más de 120 asesinatos por encargo, cifra que coloca a Trujillo y sus alrededores entre las zonas más peligrosas del país.
Mientras se revisan las cámaras de seguridad del entorno para identificar a los autores materiales, el crimen del juez de paz vuelve a encender las alarmas sobre la penetración del crimen organizado en las instituciones locales. En Chicama, la población exige justicia y reclama al Gobierno acciones firmes para frenar la impunidad y proteger a quienes administran justicia en el Perú profundo.