La Corte Suprema de Justicia evaluará este lunes la restitución de la prisión preventiva contra Arturo Cárdenas Tovar, exdirigente de Perú Libre, conocido como “Pinturita”, investigado por el presunto financiamiento ilícito de las campañas electorales del partido fundado por Vladimir Cerrón. La audiencia, programada para las 9:00 de la mañana, estará encabezada por el juez supremo César San Martín y será determinante para definir si el caso retorna al régimen de prisión preventiva o mantiene el mandato de comparecencia con restricciones.
Cárdenas, considerado uno de los hombres más cercanos a Cerrón durante los años de auge de Perú Libre, fue detenido preventivamente en 2021, pero en diciembre de 2023 la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la medida de 24 meses de prisión, reemplazándola por comparecencia restringida e impedimento de salida del país. Hoy, la Fiscalía Superior Nacional Especializada en Lavado de Activos busca revertir esa decisión ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.
Recurso de casación y alegatos fiscales
El recurso presentado por la Fiscalía plantea que la resolución judicial que benefició a Cárdenas vulneró el principio de motivación de las decisiones judiciales, al pronunciarse sobre elementos investigativos ajenos al proceso principal. Según el documento fiscal, la sala de apelaciones habría excedido sus competencias, al evaluar la pertinencia y vinculación de las pruebas como si se tratara de una instancia de fondo, y no de control de razonabilidad.
En ese sentido, el Ministerio Público solicita a la Corte Suprema establecer una doctrina jurisprudencial clara sobre los límites del control judicial en los casos de prisión preventiva, definiendo que la segunda instancia solo debe revisar la motivación y legalidad del auto original, sin revalorar pruebas ni elementos de convicción.
“La finalidad es evitar que tribunales superiores reemplacen la valoración del juez de investigación preparatoria, lo que genera inseguridad jurídica y debilita la lucha contra el lavado de activos”, precisaron fuentes de la Fiscalía a Caretas.
La Sala Suprema declaró el recurso “bien concedido”, al considerar que la Fiscalía justificó adecuadamente la necesidad de desarrollar una doctrina unificada sobre el uso y revisión de la prisión preventiva, una medida cautelar que sigue siendo tema de debate entre el sistema judicial y la defensa de los derechos fundamentales.
Los implicados en el caso Perú Libre
El proceso involucra, además de Cárdenas, a Waldys Vilcapoma y a los exfuncionarios del Gobierno Regional de Junín, Eduardo Reyes Salguerán y Francisco Muedas Neyra, quienes habrían integrado una red de recaudación ilícita de fondos para las campañas electorales de Perú Libre en 2020 y 2021.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el dinero provenía de empresarios vinculados a contrataciones públicas y a obras regionales, canalizado mediante aportes irregulares y simulaciones contables. La investigación sostiene que los recursos fueron destinados a financiar la campaña que llevó a Pedro Castillo a la presidencia y a fortalecer la estructura partidaria de Cerrón.
El Ministerio Público considera a Cárdenas como pieza clave en la red de recaudación, por su rol de coordinador nacional de bases de Perú Libre y por su vínculo directo con Cerrón durante las negociaciones internas del partido. En su contra se acumulan indagaciones por lavado de activos, organización criminal y falsificación de documentos, en distintos despachos fiscales.
Antecedentes de la prisión preventiva
En 2021, el juez de investigación preparatoria Jorge Chávez Tamariz dictó 24 meses de prisión preventiva contra Cárdenas y los otros implicados, al considerar que existía peligro procesal y suficientes elementos de convicción sobre su participación en los presuntos delitos.
Sin embargo, dos años después, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó esa medida argumentando falta de proporcionalidad y motivación insuficiente en la resolución inicial. Desde entonces, los investigados permanecen bajo comparecencia con restricciones, con prohibición de salida del país y obligación de firmar mensualmente ante el juzgado.
El caso cobró nuevamente relevancia tras la reciente decisión del Ministerio Público de ampliar la investigación por presunta organización criminal en la estructura de Perú Libre, que incluiría a dirigentes, funcionarios regionales y asesores del entorno de Cerrón.
Contexto político y repercusión pública
La revisión del caso se produce en un momento en que Vladimir Cerrón enfrenta una orden de captura internacional y un proceso por corrupción en el caso Los Dinámicos del Centro, considerado el antecedente directo del actual expediente de lavado de activos.
Analistas políticos señalan que el resultado de esta audiencia podría reavivar el debate sobre la responsabilidad penal de la dirigencia de Perú Libre y su influencia en el sistema judicial. De confirmarse la restitución de la prisión preventiva, el Ministerio Público podría solicitar medidas adicionales contra otros implicados del entorno partidario.
“El caso Cárdenas es un termómetro de la relación entre justicia y política. Si la Corte Suprema valida el recurso fiscal, marcará un precedente sobre la aplicación estricta de la prisión preventiva en delitos de lavado”, comentó un abogado penalista consultado por Caretas.
Una decisión clave para la jurisprudencia
La audiencia de este lunes podría definir no solo la situación jurídica de Cárdenas, sino también un criterio doctrinal sobre la revisión de medidas coercitivas en el Perú. De acoger el pedido de la Fiscalía, la Corte Suprema sentaría un precedente vinculante para futuros casos de lavado de activos y corrupción política.
La resolución se dará a conocer en los próximos días y será analizada en el marco de la reforma procesal penal, que busca equilibrar la presunción de inocencia con la necesidad de garantizar la eficacia de las investigaciones.
Mientras tanto, el caso mantiene en tensión al entorno político de Perú Libre, cuyo fundador, Vladimir Cerrón, sigue prófugo de la justicia desde octubre de 2025.